EL MUNICIPIO. RÉGIMEN JURÍDICO Y COMPETENCIAS LOCALES

1.- El municipio. INTRODUCCIÓN

Precisiones: aunque, como luego veremos, el municipio es sólo una de las Entidades Territoriales Locales, nos concentraremos en él a efectos sistemáticos y de exposición y también, por qué no, por razón de su importancia frente al resto de las Administraciones y frente a los ciudadanos.

Comunidad romana y comunidad germánica. Un planteamiento socio cultural.

En España existen aproximadamente 8.000 municipios, de los que sólo 500 resultan tener más de 20.000 habitantes, del resto, 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes.

Es la Administración más próxima al ciudadano y un formidable centro de atribución de potestades administrativas sobre los ciudadanos.

El municipio. Art. 1.1 LRBL[1]: Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

2.- QUÉ ES:

En sentido jurídico: una Administración Territorial.

En sentido Político: un cauce de participación ciudadana. El Estado Social y Democrático de Derecho

En sentido real: una colectividad definida y organizada.

2. 1. Una administración.

Partamos de considerar a la Administración, un sujeto de Derecho con potestades exorbitantes. Por tal motivo, sujeta a un régimen jurídico Administrativo.

Su actuación se lleva a cabo mediante actos administrativos y su revisión por la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece los límites generales de actuación dentro de ese marco jurídico.

Rige por tanto, el sistema administrativo sobre la validez y eficacia de los actos y el régimen general de revisión de oficio, nulidad o anulabilidad. Igualmente, el requisito del procedimiento para su producción y el régimen de Responsabilidad objetiva general de la Administración.

En resumen: todo aspecto de la Administración está regulado con minuciosidad, por cuanto represente de diferencia respecto del régimen jurídico común civil y la actuación administrativa deberá ajustarse a un conjunto amplio de normas que regulan casi todos sus aspectos.

Artículo 9.1 y 3 CE:

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 103. 1 CE: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Artículo 149. 1 CE:

El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común, ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

El marco que regula el régimen jurídico de las Administraciones Públicas LRJPAC[2]:

Artículo 1.   Objeto de la ley.

La presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, siendo aplicable a todas ellas.

Artículo 2.   Ámbito de aplicación.

1. Se entiende a los efectos de esta ley por Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración local.

2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación.

Artículo 3.   Principios generales:

1. Las Administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima.

2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

4. Cada una de las Administraciones públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única.

5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 1:

1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración local.

d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

Artículo 3:

No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.

2. 2.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Cuál es:

Artículo 137 CE: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 3 LRBL:

1. Son Entidades locales territoriales:

a) El Municipio.

b) La Provincia.

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.

2. Gozan, asimismo, de la condición de Entidades locales:

a) Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas, conforme al artículo 45 de esta Ley.

b) Las Comarcas u otras Entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía.

c) Las Áreas Metropolitanas.

d) Las Mancomunidades de Municipios.

Artículo 11 LRBL:

1. El Municipio es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

2. Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

Artículo 10 LRBL:

1. La Administración Local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes Entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de éstas.

3. Las funciones de coordinación no afectaran en ningún caso a la autonomía de las entidades locales.

Los artículos 65 y ss LRBL. Remisión al sistema de control.

3.- BLOQUE NORMATIVO LOCAL:

3. 1.- Antecedentes:

Hasta 1985, aun después de la Constitución, la normativa reguladora del «régimen local» estaba constituida básicamente todavía por el Texto Articulado y Refundido de la Ley de Régimen Local de 24 junio 1955. Se trata de un curioso ejemplo de legislación delegada, una norma legal que era, a la vez, un texto articulado y un texto refundido. La razón se explica si se sigue el origen de este Texto Legal.

En efecto, en 1945 se publicó una llamada Ley de Bases de Régimen Local, de 17 julio 1945, cuyo Texto Articulado se aprobó el 16 diciembre 1950. Con posterioridad, y tras alguna otra reforma de escasa entidad, una Ley 3 diciembre 1953, de Modificación de la Ley de 1950 en Materia de Haciendas Locales, autorizó al Gobierno a aprobar un texto refundido. El resultado fue el Decreto 24 junio 1955, es decir, el Texto Articulado (porque en su origen de 1950 articulaba las Bases de 1945) y Refundido (porque refundía en una sola varias normas anteriores), conocido en adelante, sin más, como la Ley de Régimen Local y que, con algunas modificaciones, estuvo vigente, como digo, durante treinta años.

La Ley de Régimen Local de 1950-1955 fue desarrollada por siete Reglamentos:

-el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales (Decreto 17 mayo 1952.

-el Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, Decreto 17 mayo 1952.

-el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto de 17 junio 1955.

-el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Decreto 27 mayo 1955 [RCL 1956, 75]);

-el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, Decreto 9 enero 1953.

-el Reglamento de Funcionarios de Administración Local, Decreto 30 mayo 1952.

-el Reglamento de Haciendas Locales, Decreto 4 agosto 1952.

Todos estos reglamentos son anteriores al Texto de 1955 porque desarrollaban el Texto de 1950 y sufrieron modificaciones a lo largo de su vigencia.

3. 2.- BLOQUE NORMATIVO VIGENTE.

CE: Constitución Española.

LOREG: Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral general.

LRJPAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,  Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial.

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

LJ: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

LRBL: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

TRRL: Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Aprobado en uso de la autorización de la Disp. Final 1ª de la Ley 7/1985. Una parte de dicho Decreto Legislativo es también básica, en el sentido de que tiene vocación de aplicación general, según prevé la Disp. Final 7ª del mismo. Sin embargo, la STC 385/1993, de 23 diciembre declaró inconstitucional un inciso del ap. 1 b) de dicha disposición -aquel que afirmaba que el carácter básico de las materias reguladas en los Títulos VI y VII del mencionado Decreto Legislativo se inferirá de sus preceptos «conforme a su naturaleza»-

LHL: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales. Y SU DESARROLLO Y COMPLEMENTO: Presupuestario, Tributario, Recaudatorio.

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, RD 1690/1986, de 11 julio (modificado por RD 2612/1996, de 20 diciembre.

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986, de 18 noviembre.

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, RD 1372/1986, de 13 junio.

RD 1174/1987, de 18 septiembre, régimen jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

RSCL: Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, Decreto de 17 de Junio de 1955.

LCSP: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública.

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Comunidades Autónomas y Policías locales.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA EN MATERIA DE PERSONAL.

LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

LEGISLACIÓN SECTORIAL: URBANÍSTICA, MEDIOAMBIENTAL, DE MERCADO, SANITARIA, SEGURIDAD, ETC.

4.- CÓMO FUNCIONA.

4. 1.- Frente a otras Administraciones.

Para la adecuada comprensión de la LRBL hay que comenzar enmarcándola en sus postulados constitucionales. Dos son las referencias que hay que hacer ahora. Una, al art. 149.1.18ª CE (RCL 1978, 2836) donde tiene su anclaje la Ley 7/1985, que, por ello, al regular el régimen jurídico de la Administración Local, es básica y se impone como límite a la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas en esta materia. La otra referencia constitucional alude al art. 140 CE donde la Norma Fundamental garantiza la autonomía local, una garantía que es, como ha dicho el TC, una garantía institucional.

TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: autonomía, democracia y suficiencia financiera.

Artículo 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 142. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Carta Europea de Autonomía Local, de 15 octubre 1985. Instrumento de ratificación de 20 enero 1988

Artículo 3.1º    Concepto de la autonomía local

Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes.

4. 2.- frente a los ciudadanos.

Artículo 6 LRBL:

1. Las Entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las Entidades locales.

Artículo 51 LRBL:

Los actos de las Entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.

Artículo 52 LRBL:

1. Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición.

2. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:

a) Las del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Comisiones de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una Ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante estas en los supuestos del artículo 27.2.

b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.

c) Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.

Artículo 108 LRBL:

Contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de Derecho público de las Entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en la Ley reguladora de las Haciendas Locales. (Rel. 14 LHL)

Artículo 53 LRBL:

Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta Ley, las Corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la Administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común.

Artículo 54 LRBL:

Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.

5.- Elementos del Municipio.

Art. 11.2º LRBL: Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización.

Art. 12.1º LRBL: El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.

Art. 15 LRBL: Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio.

Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.

La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón.

Artículo 18.

1. Son derechos y deberes de los vecinos:

a) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.

b) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de Gobierno y Administración municipal.

c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la realización de las competencias municipales.

e) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución.

f) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la Ley.

g) Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público, en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio.

h) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las Leyes.

6.-  La Organización: El Ayuntamiento.

El Ayuntamiento es la Administración en la que se materializa el Municipio. Se gobierna de acuerdo al principio democrático y con una estructura orgánica, en la que cada órgano tiene predeterminadas sus propias competencias.

Artículo 19 LRBL;

1. El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos Municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejo abierto, corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

2. Los Concejales son elegidos mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, y el Alcalde es elegido por los Concejales o por los vecinos; todo ello en los términos que establezca la legislación electoral general.

Art. 20.1º LRBL:

La organización municipal responde a las siguientes reglas:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su Reglamento Orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.

d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento Orgánico.

e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116.

2. Las Leyes de las Comunidades Autónomas sobre el Régimen Local podrán establecer una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior.

3. Los propios municipios, en los Reglamentos Orgánicos, podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las Leyes de las Comunidades Autónomas a las que se refiere el número anterior.

Las competencias de dichos órganos vienen determinadas en la propia LRBL y en el ROF. Sistema de lista y modalizaciones: delegación, revocación, avocación de facultades. Remisión[i].

7.- LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES.

Artículo 7.

1. Las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación.

Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley.

2. Las competencias propias se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

3. Las competencias atribuidas se ejercen en los términos de la delegación, que puede prever técnicas de dirección y control de oportunidad que, en todo caso, habrán de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la Entidad local.

Artículo 25 LRBL:

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Seguridad en lugares públicos.

b) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

c) Protección civil, prevención y extinción de incendios.

d) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

e) Patrimonio histórico-artístico.

f) Protección del medio ambiente.

g) Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

h) Protección de la salubridad pública.

i) Participación en la gestión de la atención primaria de la salud.

j) Cementerios y servicios funerarios.

k) Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

ll) Transporte público de viajeros.

m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.

n) Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.

Artículo 26.

1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 “habitantes-equivalentes,” además:

Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 “habitantes-equivalentes”, además:

Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes, además:

Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.

2. Los Municipios podrán solicitar de la Comunidad Autónoma respectiva la dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan según lo dispuesto en el número anterior cuando, por sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento.

3. La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada prestación de los servicios públicos mínimos, así como la garantía del desempeño en las Corporaciones municipales de las funciones públicas a que se refiere el número 3 del artículo 92 de esta Ley.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40, las Comunidades Autónomas podrán cooperar con las Diputaciones Provinciales, bajo las formas y en los términos previstos en esta Ley, en la garantía del desempeño de las funciones públicas a que se refiere el ap artado anterior. Asimismo, en las condiciones indicadas, las Diputaciones Provinciales podrán cooperar con los entes comarcales en el marco de la legislación autonómica correspondiente.

Artículo 27.

1. La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras entidades locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. La disposición o el acuerdo de delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos que esta transfiera.

2. En todo caso, la Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio. Los actos de éste podrán ser recurridos ante los órganos competentes de la Administración delegante.

3. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado, y, en su caso, la previa consulta e informe de la Comunidad Autónoma, salvo que por Ley se imponga obligatoriamente, en cuyo caso habrá de ir acompañada necesariamente de la dotación o el incremento de medios económicos para desempeñarlos.

4. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas correspondientes o, en su caso, la reglamentación aprobada por la entidad local delegante.

Artículo 28.

Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras Administraciones Públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.

8.- LOS MEDIOS MUNICIPALES.

8. 1.- MEDIOS JURÍDICOS. LAS POTESTADES.

Artículo 5 LRBL:

Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.

Artículo 4 LRBL:

1. En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los Municipios, las Provincias y las Islas:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes; las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las Comunidades Autónomas.

2. Lo dispuesto en el número precedente podrá ser de aplicación a las Entidades territoriales de ámbito inferior al municipal y, asimismo, a las Comarcas, Áreas Metropolitanas y demás Entidades locales, debiendo las Leyes de las Comunidades Autónomas concretar cuales de aquellas potestades serán de aplicación.

8. 2.- MEDIOS MATERIALES.

8. 2. 1.- El patrimonio: bienes de Dominio y Servicio Público y de propiedad privada.

8. 2. 2.- La Hacienda Pública y El presupuesto: ingresos y gastos municipales.

8. 3.- medios humanos. El personal funcionario y laboral, La Plantilla, la R. P. T., LA Oferta Pública de empleo, las retribuciones, la participación sindical.

Artículo 89 LRBL:

El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

9.- LOS MODOS DE ACTUACIÓN:

9. 1.- Concepto Y ENCUADRE.

El Art. 25.1º LRBL, establece la capacidad de los Entes locales con una fórmula muy amplia: El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecina. En el apartado 2º, delimita sus competencias: Art. 25.2º LRBRL: El municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: …[ii]

En el marco de esas competencias y para el logro de sus fines, la Administración puede realizar tres tipos de actividades.

1. Actividad de policía o intervención administrativa en la actividad de los particulares, 84 LRBL[iii] y 1 RSCL.

2. Actividad de fomento.

3. Actividad prestacional o de servicio en sentido amplio. Dentro de la actividad prestacional o de servicio en sentido amplio, y a efectos de determinar su régimen, cabe distinguir:

3.1 Actividades no económicas. Fundamentalmente asistenciales y de autoridad.

3.2 Actividades económicas. De dos tipos:

3.2.1 Empresariales, Industriales, comerciales, etc.), por las que se interviene en el mercado de modo indirecto, poniendo en el mercado bienes y servicios.

3.2.2 Servicios públicos en sentido estricto. A éstos se refiere el artículo 85.2º LRBL.

Artículo 85 LRBL:

1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias.

2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante alguna de las siguientes formas:

A. Gestión directa:

a) Gestión por la propia entidad local.

b) Organismo autónomo local.

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público.

3. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad.

9. 2.- ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS:

En esta materia rige el principio de Autonomía que recogen los Art. 137 y 140 CE: Artículo 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Artículo 140. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena.

Ello incluye las potestades de autoorganización y regulación reconocidas en el Art. 4.1º, a) LRBL y 30 RSCL: Las Corporaciones Locales tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios de su competencia, tanto en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros aspectos, con arreglo a la Ley de Régimen Local y a sus Reglamentos y demás disposiciones de aplicación.

Siguiendo el esquema de Ballesteros[3], ello incluye tres aspectos:

1º) Potestad de ejercer la competencia mediante actividad de policía, de fomento o de servicio público. Que tiene sus límites:

A) los servicios obligatorios (arts. 18.1º g), rel. 26 LRBL).

B) el artículo 103 CE y 31 RSCL: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y se evitará la duplicidad de servicios prestados por otros Organismos públicos con competencia especialmente instituida para el desarrollo de los mismos.

C) Las competencias. Art. 25.2 lrbl:

2.  El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.

D) dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes. El Art. 96 TRRL: La iniciativa de las Entidades locales para el ejercicio de actividades económicas, cuando lo sea en régimen de libre concurrencia, podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de utilidad pública y se preste dentro del término municipal y en beneficio de sus habitantes.

E) Titulo III RSCL. Las competencias de otras administraciones territoriales. Los Artículos 31.2º y 32 RSCL, establecen dos límites adicionales: Se evitará la duplicidad de servicios prestados por otros Organismos públicos con competencia especialmente instituida para el desarrollo de los mismos. La prestación de los servicios se atemperará a las normas que rijan cada uno de ellos.

F) El ejercicio de autoridad. 85.3 lrbl: En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad

2º) Potestad para decidir la forma de prestación directa o indirecta.

Este aspecto tiene ciertos límites, derivados de los artículos 85.3º LRBL: En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad y del artículo 251.1º LCSP: La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos

3º) Potestad de reglamentar el servicio. Art. 33 RSCL: Las Corporaciones Locales determinarán en la reglamentación de todo servicio que establezcan las modalidades de prestación, situación, deberes y derechos de los usuarios  y, si no se hubieren de desarrollar íntegramente, de quien asumiere la prestación en vez de la Administración.

4º) Potestad de imponer la recepción obligatoria del servicio. El Art. 34 RSCL: La recepción y uso de los servicios por parte de los administrados podrán declararse obligatorios por disposición reglamentaria o acuerdo, cuando fuere necesario para garantizar la tranquilidad, seguridad o salubridad ciudadanas.


[1] Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

[2] Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

[3] BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Angel. Manual de Gestión de Servicios Públicos Locales. Ed. EL CONSULTOR 2005.


[i] Artículo 70 LRBL:

1. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

No son públicas las sesiones de las Comisiones de Gobierno.

2. Los acuerdos que adopten las Corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista en la Ley. Las Ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los Planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los Entes locales, se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2. Idéntica regla es de aplicación a los Presupuestos, en los términos del artículo 112.3, de esta Ley. Las Administraciones Públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.

3. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, letra b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada.

[ii] 25.2º LRBL

A) seguridad en lugares públicos.

B) ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.

C) protección civil, prevención y extinción de incendios.

D) ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías publicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

E) patrimonio histórico-artístico.

F) protección del medio ambiente.

G) abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores.

H) protección de la salubridad publica.

I) participación en la gestión de la atención primaria de la salud.

J) cementerios y servicios funerarios.

K) prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.

L) suministro de agua y alumbrado publico ; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

LL) transporte público de viajeros.

M) actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo.

N) participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.

3. Solo la ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.

[iii] 84 LRBL.1. Las Corporaciones locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:

a) Ordenanzas y Bandos.

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.

c) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

2. La actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines justificativas y respeto a la libertad individual.

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales. (Apartado adicionado por Ley 11/1999).

ART. 1 RSCL:

1. Los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados en los siguientes casos:
1.° En el ejercicio de la función de policía, cuando existiere perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de restablecerlas o conservarlas.
2.° En materia de subsistencias, además, para asegurar el abasto de los artículos de consumo de primera necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta, la fidelidad en el despacho de los que se expendan a peso o medida, la normalidad de los precios y la libre competencia entre los suministradores y vendedores.
3.° En el orden del urbanismo, también para velar por el cumplimiento de los planes de ordenación aprobados.
4.° En los servicios de particulares destinados al público mediante la utilización especial o privativa de bienes de dominio público, para imponer la prestación de aquéllos debidamente y bajo tarifa.
5.° En los demás casos autorizados legalmente y por los motivos y para los fines previstos.

ASPECTOS JURÍDICO ADMINISTRATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS

1. EL PRESUPUESTO.

1.1. Introducción:

Administración y Estado de Derecho.

Autonomía y Control de la Administración. Medios, fines y competencias.

Administración y Estado del Bienestar.

Causas: manejo de fondos públicos; actos potestades exorbitantes (derechos de conformación jurídica y de autotutela jurídica). La presunción de validez y los medios de autotutela ejecutiva.

Medios: el procedimiento administrativo y el régimen jurídico administrativo.

Medios materiales. El Patrimonio público. El Inventario. La Hacienda Pública.

El sistema del Plan. Los actos reglados y el control de la discrecionalidad. El Presupuesto y los actos de ejecución.

Presupuesto Elecciones y Democracia.

1.2. concepto.

Artículo 162 TRLHL. Definición: Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

1.3. Naturaleza.

Acto normativo de carácter reglamentario. Las Bases de Ejecución del presupuesto.

1.4.  LA IMPUGNACIÓN DEL PRESUPUESTO.

1.4.1. La impugnación directa: 171 trlhl y  25.1 LJ

Incluso sin haber presentado alegaciones: 25.1 LJ: El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

1.4.2. La impugnación indirecta 113.1 LRBL y 26 LJ:

Artículo 26 LJ:

1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

2. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.

1.5. La legitimación. Cabría distinguir entre la directa, sujeta a los límites del 170.1 TRLHL y la indirecta al amparo del 52 LRBL y 31 LRJPAC.

A la legitimación que se finja en los artículos siguientes, habría que añadir: los Concejales que votaron en contra de su aprobación, 63.1, B LRBL y los que formularon alegaciones 113.1 LRBL.

70.2, 52 LRBL:

169. 5 TRLHL El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

170 TRLHL: Reclamación administrativa: legitimación activa y causas

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

171 TRLHL. Recurso contencioso-administrativo

1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso- administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la corporación.

2.- Principios presupuestarios. Concepto y origen.

2.1. De contenido:

2.1.1. Unidad

134.2º CE: 2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

32 LGP (Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria): Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal.

112.1 LRBL: Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla.

162 TRLHL: Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

EL 164.1 TRLHL. Las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que se integrarán:

a) El presupuesto de la propia entidad.

b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.

c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

162.1, c) TRLHL. El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

168.1, 5º TRLHL: El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

2.1.2. Universalidad:

DOS VERTIENTES:

PRIMERA: “TODOS” LOS GASTOS E INGRESOS

SEGUNDA: POR SU IMPORTE ÍNTEGRO:

134.2 CE: Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

21.1 LGP: Las obligaciones de la Hacienda Pública estatal sólo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas.

112.1 LRBL y 162 trlhl: “expresión cifrada conjunta y…”

165.3º trlhl: Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad competentes.

2 D/500 (Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos): El Presupuesto general de la Entidad local incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la misma.

Se corresponde –en la estabilidad presupuestaria- con el principio de TRANSPARENCIA:

EXCEPCIONES:

Créditos ampliables: 178 trlhl.

Generación de crédito: 181 trlhl.

No consignación de los beneficios fiscales en el presupuesto.

SE DESARROLLA EN OTROS DOS: Unidad de Caja Y NO AFECTACIÓN

2.1.2.1. Unidad de Caja:

UNIDAD CONTABLE Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN.

196.1, B) TRLHL: Son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales: Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

194.1 TRLHL. Constituyen la tesorería de las entidades locales todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la entidad local, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias

2.1.2.2. No afectación:

27.3 LGP: Los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados.

165.2 TRLHL: Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.

10.1 D/500: Los recursos de la Entidad local y de cada uno de sus Organismos autónomos y Sociedades mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados (artículo 146.2, LRHL).

EXCEPCIONES:

El producto de la enajenación de bienes patrimoniales 5TRLHL: Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

Cantidades recaudadas por contribuciones especiales 29.3 TRLHL: Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido.

Subvenciones finalistas 40.1 y 147 TRLHL. Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

El producto de las operaciones de crédito 49.1: Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo, en cualquiera de sus formas.

OTRAS RESULTANTES DE PRECEPTO EXPRESO: PMS

LUV (Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana): 258. Patrimonios públicos de suelo

1. Los patrimonios públicos de suelo son un instrumento de política de suelo y vivienda de carácter finalista, cuyos bienes e ingresos están vinculados a los usos de interés social o de utilidad pública definidos en el planeamiento y destinados a cubrir las necesidades previstas en el mismo, con el fin de regular el mercado de terrenos y obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública que faciliten la ejecución del planeamiento y garanticen la promoción y edificación de viviendas de protección pública.

2. Los ayuntamientos, las entidades locales supramunicipales y La Generalitat, deberán constituir sus respectivos patrimonios públicos de suelo, con la finalidad de regular el mercado de terrenos, crear reservas para actuaciones públicas y facilitar el planeamiento territorial y urbanístico, y su ejecución en el marco de sus correspondientes competencias.

3. Cada patrimonio público de suelo integrará un patrimonio independiente, separado del restante patrimonio de la administración titular. El inventario y registro de la gestión de los bienes integrantes de cada patrimonio público de suelo se realizará en los términos que reglamentariamente se determinen.

4. Los patrimonios públicos de suelo constituirán el medio principal para el desarrollo del servicio público de intervención en el mercado de suelo y de la política de vivienda.

259. Carácter finalista de los patrimonios públicos del suelo

1. Los ingresos obtenidos mediante la enajenación o la cesión de terrenos y la sustitución del aprovechamiento correspondiente a la administración por su equivalente valor económico en metálico se destinarán a la ampliación, el mantenimiento o gestión del patrimonio público del suelo.

Plantea una cuestión: SI ES EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA: NO, fungibilidad natural del dinero.

2.1.3. EQUILIBRIO.

Tiene dos vertientes: EQUIVALENCIA DE INGRESOS I GASTOS y SUFICIENCIA FINANCIERA

2.1.3.1 EQUIVALENCIA DE INGRESOS I GASTOS

Su ausencia determina el recurso al crédito y constituye un vector de la inflación al aumentar los tipos de interés. Tiene dos vertientes:

2.1.3.1.1.  PreventivA: 165.4º trlhl y 16.1º D/500: Cada uno de los presupuestos que se integran en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial.

PERO ADMITE 22.1º  LGEP (Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria): Las entidades locales que no hayan cumplido el objetivo de estabilidad fijado en el artículo 20 de la presente ley vendrán obligadas a la aprobación por el Pleno de la Corporación en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del Presupuesto o aprobación de la Cuenta General en situación de desequilibrio, de un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años.

En este plan se recogerán las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de estabilidad presupuestaria.

2.1.3.1.2.  EJECUTIVA:

173.6º TRLHL: No obstante lo previsto en el apartado anterior, la disponibilidad de los créditos presupuestarios quedará condicionada, en todo caso, a:

a) La existencia de documentos fehacientes que acrediten compromisos firmes de aportación, en caso de ayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesión de recursos por terceros tenidos en cuenta en las previsiones iniciales del presupuesto a efecto de su nivelación y hasta el importe previsto en los estados de ingresos en orden a la afectación de dichos recursos en la forma prevista por la ley o, en su caso, a las finalidades específicas de las aportaciones a realizar.

b) La concesión de las autorizaciones previstas en el artículo 53, de conformidad con las reglas contenidas en el capítulo VII del título I de esta ley, en el caso de que existan previsiones iniciales dentro del capítulo IX del estado de ingresos.

2.1.3.2. SUFICIENCIA FINANCIERA.

142 CE: Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Pero la suficiencia que se predica en el marco de la Estabilidad Presupuestaria es la relativa a los ingresos ordinarios para satisfacer los gastos corrientes. El resultado en equilibrio de la comparación entre la suma de los capítulos 1-7 de gastos e ingresos, excluyendo los ingresos extraordinarios, cuya utilización para cubrir los gastos corrientes conlleva la descapitalización de la entidad.

2.1.4. Especialidad

2.1.4.1. Cualitativa: 172 TRLHL

2.1.4.2. Cuantitativa: 173.5 TRLHL. Como excepción, los créditos ampliables

2.1.4.3. Temporal: 176.1 TRLHL, como excepciones:

Atrasos de personal y Obligaciones derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 176.2 trlhl.

Gastos plurianuales. 174 trlhl.

Incorporación de remanentes de créditos. 182 trlhl.

reconocimiento extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores. 60.2 d/500:

Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones especiales de crédito, o concesiones de quita y espera.

2.2. Ámbito temporal:

2.2.1. Anualidad.

Anualidad de aprobación.

Anualidad de ejecución.

Anualidad de contabilización

2.3. Formales:

2.3.1. AUTONOMÍA

El presupuesto municipal se aprueba por el Ayuntamiento y no por otras Administraciones. Autonomía Normativa.

2.3.2. Competencia: Pleno

2.3.3. Publicidad, tanto de la aprobación provisional como definitiva: 112.3 LRBL y 169.1 y 3 TRLHL.

3.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

3.1. Introducción: los Órganos de las Entidades Locales. El Pleno. El procedimiento de adopción de acuerdos por Órganos Colegiados de las Entidades Locales. Las Comisiones Informativas. La comisión Especial de Cuentas.

3.2. El expediente del Presupuesto. Los actos complejos. Las Ordenanzas Fiscales, los Planes de Obras, la RPT, los Sindicatos.

3.3. El procedimiento de aprobación.

112 LRBL:

1.    Las Entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El presupuesto coincide con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de aquélla.

2. La Administración del Estado determinará con carácter general la estructura de los presupuestos de las Entidades locales.

3. Aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público durante el plazo que señale la legislación del Estado reguladora de las Haciendas locales, con objeto de que los interesados puedan interponer reclamaciones frente al mismo. Una vez resueltas las que se hayan presentado, en los términos que prevea la Ley, el presupuesto definitivamente aprobado será insertado en el «Boletín Oficial de la Corporación», si lo tuviera, y resumido, en el de la Provincia.

4. La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de realizarse antes del 31 diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

5. Si el presupuesto no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Artículo 168. Procedimiento de elaboración y aprobación inicial

1. El presupuesto de la entidad local será formado por su presidente y a él habrá de unirse la siguiente documentación:

a) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

b) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

c) Anexo de personal de la entidad local.

d) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

e) Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del presupuesto.

2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.

3. Las sociedades mercantiles, incluso de aquéllas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la entidad local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.

4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren los apartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.

5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.

Artículo 169. Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión se realizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

Artículo 170. Reclamación administrativa: legitimación activa y causas

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán la consideración de interesados:

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.

c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.

Artículo 171. Recurso contencioso-administrativo

1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso- administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

2. El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la corporación.

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RESOLUCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE UNA CONCESIÓN DE OBRA Y SERVICIO: PARKING EN EL SUBSUELO

Posición de un Ayuntamiento en la relación contractual con la mercantil adjudicataria de la Concesión para la construcción y gestión del Servicio Público de un Estacionamiento Subterráneo para vehículos en el subsuelo del Parque, así como la posibilidad y condiciones en su caso, de rescatar la concesión y proceder a una nueva adjudicación y sus condiciones.

ANTECEDENTES:

1º.-             En 1988, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se adjudicó a la mercantil, la concesión de obra y servicio del aparcamiento subterráneo del Parque.

2º.-             En 1990, se suscribió el correspondiente contrato.

LEGISLACIÓN APLICABLE

  • Ley de Contratos del Estado, Decreto 923/1965, de 8 de abril. LCE.
  • Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. LCSP
  • Código Civil.

INFORME JURÍDICO:

.       APLICACIÓN DEL Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado.

Doctrina del Consejo de Estado: Con anterioridad a la configuración del contrato de concesión de obra pública como contrato nominado autónomo y antes, pues, de que existiera una regulación propia y específica, la concesión de obra pública se definía como un contrato mixto típico en el que las prestaciones de los dos contratos se realizan sucesivamente, sin llegar a coexistir (CEst Dict  4464/1998  4464/1998 , 22-12-98), esto es, como un negocio jurídico concesional de carácter mixto en cuanto al régimen jurídico aplicable, por cuanto en lo que supone ejecución de obra, le eran de aplicación las disposiciones relativas al contrato administrativo de obra, y en lo referido a la explotación de aquélla, el concesionario queda sujeto a las normas reguladoras del contrato de gestión de servicios públicos (CEst Dict  4302/1997  4302/1997 , 13-11-97).

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, establece en su Disposición transitoria primera, que los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.

En consecuencia, el contrato adjudicado por el Pleno el 23 de diciembre de 1988, podría prorrogarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado.

.      REGIMEN DE UNA NUEVA CONCESIÓN.

Hoy, la LCSP mantiene, en esencia, los principales caracteres del concepto de contrato de concesión pública, al definirlo, configurarlo o delimitarlo como aquel que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de obra (LCSP art.6 y Anexo I), incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

Se considera requisito consustancial a la figura de la concesión el que la obra sea susceptible de explotación económica por el concesionario y que la retribución pueda consistir en la explotación de la propia obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

En concreto, es oportuno calificar de contrato de concesión de obras públicas el destinado a la construcción y subsiguiente explotación de aparcamientos subterráneos por reunir éste las características definitorias de la figura de referencia, a saber, contrato que tiene por objeto la construcción y explotación de una obra pública susceptible de explotación económica (Informe JCCA[1] 15/2006, de 24 de marzo de 2006).

OBJETO DEL CONTRATO:

Pueden ser objeto del contrato de concesión de obra pública: La realización de algunas de las prestaciones que pueden ser objeto del contrato de obra y que aparecen incluidas en el Anexo I (art.6 LCSP), siempre que la contraprestación consista en el derecho a la explotación de dicha obra o bien en ese derecho acompañado de un precio.

Además, puede comprender:

–  La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.

–  Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.

–  Finalmente, el contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.

Lo determinante, conforme la Comunicación Interpretativa de la Comisión 2000/C 101/02 sobre concesiones de obra pública: El derecho de explotación permite al concesionario cobrar del usuario de las obras, durante un período largo de tiempo (por tanto, la duración de la concesión es un elemento importante en este tipo de contratos). Y el concesionario asume los riesgos de construcción y de explotación.

.       NORMATIVA APLICABLE:

Artículo 7 LCSP: Contrato de concesión de obras públicas.

1. La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el artículo 6, incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

2. El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del contratista, podrá comprender, además, el siguiente contenido:

a)  La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de soporte material.

b)  Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias económicas y las demandas sociales.

3. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma determinada por los pliegos respectivos.

Artículo 21.1 lcsp: El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos.

.          Tramitación DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN:

El expediente de contratación comprende las actuaciones a través de las cuales la Administración forma su voluntad contractual mediante la elaboración y aprobación de un conjunto de actos administrativos, de manera que, como principio general, no puede haber contrato sin que previamente se haya tramitado dicho expediente, excepto en la tramitación de emergencia (JCCA Inf 31/2005, 29-6-05).

El expediente de contratación se tramita antes de la licitación para adjudicar el contrato y conlleva los trámites siguientes, que se desarrollan a continuación:

1º) redacción de un ESTUDIO DE VIABILIDAD. 112.1º LCSP:

2º) información pública.

3º) Informe de las administraciones afectadas.

4º) aprobación del ESTUDIO DE VIABILIDAD.

5º) redacción del ANTEPROYECTO DE construcción y explotación de la obra. 113 LCSP.

6º) información pública.

7º) Informe de las administraciones afectadas.

8º) Aprobación del anteproyecto de construcción y explotación de la obra

9º) REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS. 114 LCSP.

10º)               información pública.

11º)               informe de las administraciones afectadas.

12º)               APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS.

13º)               aprobación del REPLANTEO.

14º)               Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

1ª.-                 realización de un ESTUDIO DE VIABILIDAD. 112.1º LCSP:

Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión una obra pública, el órgano que corresponda de la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma.

Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento de la correspondiente concesión tras la oportuna licitación, su autor tendrá derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un 5 por ciento como compensación, gastos que podrán imponerse al concesionario como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la Administración concedente en función de los que resulten acreditados por quien haya presentado el estudio, conformes con la naturaleza y contenido de éste y de acuerdo con los precios de mercado.

El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes:

a)  Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características esenciales.

b)  Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.

c)  Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento sectorial, territorial o urbanístico.

d)  Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias.

e)  Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado.

f)  Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra.

g)  Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia de ésta.

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

2ª.-                 información pública DEL estudio de viabilidad. Una vez elaborado el estudio de viabilidad, la Administración concedente deberá someterlo a información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo si fuera necesario por razón de la complejidad del mismo. El trámite de información pública del estudio de viabilidad servirá también para cumplimentar el relativo al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte preceptiva.

3ª.-                 Informe de las administraciones afectadas DEL estudio de viabilidad.

Solo en caso de que la obra no esté incluida en el correspondiente planeamiento urbanístico, la Administración concedente deberá dar traslado del estudio de viabilidad a los órganos de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y entidades locales afectados, a fin de que informen tal estudio. Dicho informe deberá emitirse en el plazo de un mes.

4ª.-                 redacción del ANTEPROYECTO DE construcción y explotación de la obra. 113 LCSP.

En función de la complejidad de la obra y del grado de definición de sus características, aprobado el estudio de viabilidad, la Administración concedente podrá acordar la redacción del correspondiente anteproyecto. Éste podrá incluir, de acuerdo con la naturaleza de la obra, zonas complementarias de explotación comercial.

5ª.-                 información pública DEL anteproyecto de construcción y explotación de la obra.

El anteproyecto de construcción y explotación de la obra deberá someterse a información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, para que puedan formularse cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y características de la obra, así como sobre cualquier otra circunstancia referente a su declaración de utilidad pública.

6ª.-                 Informe de las administraciones afectadas DEL anteproyecto de construcción y explotación de la obra.

En el caso del anteproyecto, debe trasladarse en todo caso a las Administraciones afectadas para la emisión de informe, incluso, cuando la obra esté incluida en el correspondiente planeamiento.

7ª.-                 información pública DEL anteproyecto de construcción y explotación de la obra.

El trámite de información publica del anteproyecto, por plazo de un mes, servirá también para cumplimentar el correspondiente al estudio de impacto ambiental, en aquellos casos en que sea preceptivo recabarlo.

8ª.-                 Aprobación del anteproyecto de construcción y explotación de la obra

La Administración concedente aprobará el anteproyecto de la obra, considerando las alegaciones formuladas e incorporando las prescripciones de la declaración de impacto ambiental, e instará el reconocimiento concreto de la utilidad pública de ésta a los efectos previstos en la legislación de expropiación forzosa.

Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y en los términos que éste establezca, los licitadores a la concesión podrán introducir en el anteproyecto las variantes o mejoras que estimen convenientes (LCSP art.131).

9ª.-                 REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS.

Con carácter previo a la adjudicación del contrato, ha de redactarse un proyecto, que puede ser redactado por la Administración o por el concesionario, en el que se defina la obra que va a ejecutarse.

10ª.-             información pública DEL PROYECTO DE LAS OBRAS.

Cuando no haya anteproyecto, la Administración concedente deberá, antes de aprobar el proyecto definitivamente, someterlo a información pública por el plazo de un mes prorrogable, si ello es necesario por la complejidad de la obra y dar traslado del mismo a los órganos de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales afectados, para que estos emitan informe.

También en este caso se admite la posibilidad de prorrogar el plazo de información pública por un mes más.

11ª.-             APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS Y REPLANTEO.

Se podrá aprobar el proyecto una vez consideradas las alegaciones formuladas e incorporadas las prescripciones de la declaración de impacto ambiental. Una vez aprobado dicho proyecto, ha de procederse al replanteo de la obra, de acuerdo con el régimen general establecido para el contrato de obras (LCSP art.105 s.).

12ª.-             Pliegos de cláusulas administrativas particulares. 115 LCSP.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de concesión de obras públicas deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes aspectos:

a)  Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o proyecto de que se trate y mención expresa de los documentos de éste que revistan carácter contractual. En su caso determinación de la zona complementaria de explotación comercial.

b)  Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que sean exigibles a los licitadores.

c)  Contenido de las proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes extremos:

1.º  Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el supuesto de que estuviera prevista su constitución, y características de la misma tanto jurídicas como financieras.

2.º  Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas para su inicio, terminación y apertura al uso al que se destinen.

3.º  Plazo de duración de la concesión.

4.º  Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los aspectos que le son propios, el sistema de tarifas, la inversión y los costes de explotación y obligaciones de pago y gastos financieros, directos o indirectos, estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la incidencia en las tarifas, así como en las previsiones de amortización, en el plazo concesional y en otras variables de la concesión previstas en el pliego, en su caso, de los rendimientos de la demanda de utilización de la obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen los niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren en la oferta. En cualquier caso, si los rendimientos de la zona comercial no superan el umbral mínimo fijado en el pliego de cláusulas administrativas, dichos rendimientos no podrán considerarse a los efectos de la revisión de los elementos señalados anteriormente.

5.º  En los casos de financiación mixta de la obra, propuesta del porcentaje de financiación con cargo a recursos públicos, por debajo de los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6.º  Compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de contabilidad que establezca el pliego, de conformidad con la normativa aplicable, incluido el que pudiera corresponder a la gestión de las zonas complementarias de explotación comercial, sin perjuicio de que los rendimientos de éstas se integren a todos los efectos en los de la concesión.

7.º  En los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los licitadores podrán introducir las mejoras que consideren convenientes, y que podrán referirse a características estructurales de la obra, a su régimen de explotación, a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los recursos naturales, o a mejoras sustanciales, pero no a su ubicación.

d)  Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las opciones posibles sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso, las fórmulas de actualización de costes durante la explotación de la obra, con referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función del objeto de la concesión.

e)  El umbral mínimo de beneficios derivados de la explotación de la zona comercial por debajo del cual no podrá incidirse en los elementos económicos de la concesión.

f)  Cuantía y forma de las garantías.

g)  Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria.

h)  Plazo, en su caso, para la elaboración del proyecto, plazo para la ejecución de las obras y plazo de explotación de las mismas, que podrá ser fijo o variable en función de los criterios establecidos en el pliego.

i)  Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de ejecución de las obras y durante su explotación.

j)  Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro de la concesión.

k)  Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas.

El órgano de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la naturaleza y complejidad de éste, un plazo para que los licitadores puedan solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido. Las respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.

APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

93 LCSP. EL EXPEDIENTE CONSTARÁ DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

­     Estudio de viabilidad

­     Anteproyecto de construcción y explotación de la obra

­     Proyecto de las obras y replanteo

­     Pliegos de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas. (LCSP art.115).

­     Certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

­     El informe de la oficina de supervisión de proyectos (LCSP art.110).

­     El acta de replanteo previo del proyecto (LCSP art.111).

­     Documentación acreditativa de la disponibilidad de los terrenos (LCSP art.111.2).

Completado el expediente, el órgano de contratación dicta resolución motivada aprobándolo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.


[1] Junta Consultiva de Contratación Administrativa

INCOMPATIBILIDAD DE CONCEJAL. DEDICACIÓN PARCIAL

Necesidad de tramitar una declaración de compatibilidad para un concejal con dedicación parcial

I N F O R M E    J U R Í D I C O:

Para la resolución de la presente cuestión es necesario partir de la regulación de la materia contenida en las siguientes normas:

El Artículo 75.2 y 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece que los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial…, percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las Corporaciones las cuotas empresariales que corresponda. Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.

El Artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (EC 45/1985), de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, redactado por el artículo 39 de la Ley 14/2000 establece que los miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva, podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos. En los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso.

Entendemos por dedicación parcial, por contraposición con la dedicación exclusiva (artículo 13.3 del ROF), aquella que no exija una dedicación preferente al cargo sino que perfectamente puede ser compatible con otras actividades del afectado y que no necesariamente han de ser marginales. Ha de entenderse que la dedicación parcial no les impide la continuación o la posibilidad de prestar servicios por cuenta propia o ajena sujetos al correspondiente régimen de la Seguridad Social, sin que exista problema en orden a la cotización por parte del Ayuntamiento, pues ésta vendrá constituida por las retribuciones que perciban por su dedicación parcial, que en este aspecto ha de entenderse que tiene los mismos requisitos y produce los mismos efectos que para los contratados a tiempo parcial en el mundo laboral.

El Artículo 13.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento Y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, establece que de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social los miembros de las Corporaciones Locales que desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva. En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes.

Mientras que el apartado 1 del art. 75 LRBRL establece que el desempeño del cargo electivo con dedicación exclusiva lleva consigo la incompatibilidad con otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas, en el apartado 2, referente a las retribuciones por dedicación parcial, nada se dice sobre incompatibilidades, aspecto éste que se contempla en el art. 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en el que, manteniendo la incompatibilidad para los cargos que se desempeñen con dedicación exclusiva (apartado 1), permite compatibilizarlos cuando se trata de dedicación parcial en los términos de su apartado 2.

El precepto solo remite al Art. 5 de la Ley 53/84 a efectos de establecer un límite a esas retribuciones parciales, pero no a los efectos del desempeño de otras actividades. En cuanto a las incompatibilidades que se derivan de la percepción del sueldo por dedicación parcial son de señalar: a) las dietas por asistencia efectiva a sesiones de pleno o de cualquier otro órgano colegiado; y b) cualquier otro sueldo con cargo a los presupuestos de las Administraciones publicas. Pueden no obstante percibir indemnizaciones por gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo y dietas por asistencia a pruebas selectivas de empleados públicos.

Tratándose de dedicación parcial del Concejal, no existe ningún obstáculo para compatibilizar el ejercicio del cargo con el desempeño de actividad privada, en todo caso, tanto el Alcalde como los Concejales están obligados a incluir su actividad privada en su declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre actividades que le proporcionen ingresos económicos, para su inscripción en el Registro de Intereses.

De acuerdo con lo expuesto, el régimen de incompatibilidades previsto en la LOREG es común para todos los concejales, no obstante, de acuerdo con el artículo 75 de la LRBRL la aplicación de la Ley 53/1984 depende del grado de dedicación, exclusiva o parcial, y del tipo de retribución que obtenga por el desempeño de su cargo.

En concreto, la LRBRL establece en su artículo 75 para los concejales que tengan asignada dedicación exclusiva, la doble incompatibilidad establecida para los empleados públicos al servicio de las Administraciones públicas, a saber, en primer lugar, se prohíbe que puedan obtener otras retribuciones con cargo a los presupuestos públicos con las excepciones previstas en la Ley 53/1984, que es lo que se conoce como incompatibilidad retributiva. En segundo lugar, dicho precepto indica que la función de concejal es incompatible con el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. De acuerdo con este esquema, el concejal puede desempeñar actividades privadas siempre y cuando no sea alguna de las prohibidas en esa Ley para los funcionarios públicos.

Este régimen de incompatibilidades se hace más flexible cuando el concejal sólo tiene dedicación parcial y, en consecuencia, sólo obtiene retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva (artículo 75.2), o cuando el concejal sólo tiene retribuciones por asistencia a órganos colegiados (artículo 75.3). Es decir, para el primer caso el artículo 75.2 sólo se remite al artículo 5 de la Ley 53/1984 a efectos de establecer un límite a esas retribuciones parciales, pero no a los efectos del desempeño de otras actividades.

Por ello, se considera que en el supuesto de Concejal con dedicación parcial, no es necesaria la declaración de compatibilidad, respecto de las actividades que el interesado realice fuera del horario de su dedicación, ya que la ley lo que establece en estos casos de dedicación parcial, es una incompatibilidad horaria, sin otro requisito.

Ponencia de urbanismo UCAM 2010

1. INTRODUCCIÓN:

  • Sentido de los estudios de urbanismo en la actualidad: la licencia y la financiación de la edificación. La declaración de obra nueva y la hipoteca.
  • la reforma de la LS/90, el ferrocarril, el crédito territorial.

El artículo 25.2º de la Ley 8/1990, 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo.

El artículo 37.2º de la Ley Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

El Artículo 209 de la Ley 1/2001, de 24 de Abril, del Suelo de la Región de Murcia establece respecto de la actuación notarial y registral, en la materia que la autorización notarial y la inscripción registral de los actos de naturaleza urbanística se sujetarán a las previsiones de la legislación notarial, hipotecaria y urbanística estatal.

2. Naturaleza de las licencias:

2.1. INTRODUCCIÓN.

Al tratarse de una acto de la Administración sujeto al Derecho Administrativo, son aplicables todas las consideraciones de carácter general que determinan su régimen y sobre todo, sus efectos. Pero es necesario añadir que, aunque la técnica de la licencia no es exclusiva de la Administración Local, las licencias urbanísticas sí lo son, salvo supuestos excepcionales. Son por lo tanto, actos administrativos sujetos a las especialidades de los actos municipales, que son muchas, como los recursos o su carácter y se producen en escenarios típicamente municipales.

2.2. La licencia como acto administrativo.

Se comprende mejor si se mira desde la perspectiva de su control o impugnación: artículo 1.1º LJ. Para hacerse una idea de lo que representa estar ante un acto administrativo, consideremos la STS de 11-5-1998, RJ 1998\3623: “… la excepción de litisconsorcio carece de operatividad en el proceso contencioso-administrativo ya que el recurso no se interpone contra personas determinadas, sino contra un acto, y devienen demandados automáticamente, siendo llamados también automáticamente, la Administración autora del mismo y todos aquellos a quienes hubiera originado derecho, y corresponder la legitimación pasiva en igual proceso, conforme al artículo 29.1, a), a la Administración de que proviniese el acto recurrido y no a otra distinta”.

El artículo 213 de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, establece que tienen carácter jurídico-administrativo todas las cuestiones que se susciten en relación con el desarrollo de la actividad urbanística.

Dicho lo anterior es necesario encuadrarlo en una tipología determinada de los actos Administrativos:

Artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

1. Las Corporaciones locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios: b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. c) Ordenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

2. La actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines justificativos y respecto a la libertad individual.

Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones públicas no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondiente leyes sectoriales. (Apartado 3 añadido por art. primero 25ª Ley 11/1999 de 21 abril).

2.2.1. requisitos:

2.2.1.1. requisitos subjetivos.

2.2.1.1.1.           solicitud de parte: 30, 32 y 70 LRJPAC

Que ha de presentarse, como no podría ser menos, en el Registro General de la Entidad: artículo 9.1.1º RSCL.

2.2.1.1.2.           Competencia del órgano.

El artículo 243 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana LS/92 (vigente y competencia exclusiva del Estado conforme a la Disposición Derogatoria de la Ley 6/1998, de 13 de Abril,  Sobre Régimen del suelo y valoraciones y a su Disposición final única, respectivamente): La competencia para otorgar las licencias corresponderá a las Entidades locales, de acuerdo con su legislación aplicable.

Artículo 217 de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, establece que la competencia para otorgar las licencias corresponderá a los órganos competentes de la Administración Local, de acuerdo con su legislación aplicable.

Artículo 53 LRJPAC: Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido.

El artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) del apartado 1 de este artículo.

El artículo 41. 9. del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento Y Régimen Jurídico de las Entidades Locales rof, lo expresa así: La concesión de licencias de apertura de establecimientos fabriles, industriales o comerciales y de cualquiera otra índole, y de licencias de obras en general, salvo que las ordenanzas o las Leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno o a la Comisión de Gobierno.

Artículo 38 ROF: Dentro de los treinta días siguientes al de la sesión constitutiva, el Alcalde convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, a fin de resolver sobre los siguientes puntos: d) Conocimiento de las resoluciones del Alcalde en materia de nombramientos de Tenientes de Alcalde, miembros de la Comisión de Gobierno, si debe existir, y Presidentes de las Comisiones informativas, así como de las delegaciones que la Alcaldía estime oportuno conferir.

2.2.1.2. requisitos de la actividad. FORMA.

La forma que adoptará la licencia, será la de los actos administrativos municipales. Se tratará normalmente de una resolución del órgano unipersonal, bien directa o por delegación o sustitución, circunstancia ésta que habrá de contener la resolución: artículo 192.1 ROF.

En el caso de las delegaciones, resultarán de aplicación los artículos 43 y ss ROF, que regulan el procedimiento para otorgar delegaciones y sus requisitos, así como los artículos 114-118 del mismo texto, que regulan su régimen de otilización. Existen supuestos de avocación conforme al artículo 116 ROF. Cabe asimismo que se haya delegado la competencia en la Junta de Gobierno Local, lo que supone que la resolución será un acuerdo de dicho órgano, al que le serán de aplicación todas las normas de procedimiento de adopción de los acuerdos por órgano colegiado, a los efectos del artículo 62.1, e) LRJPAC. Especialmente le resultarán de aplicación los artículos: 113 y por su remisión, todos los del Capítulo I del Título III del ROF, relativos a los requisitos de celebración de las sesiones, los debates y las votaciones. Serán aplicables las normas sobre las actas y su confección (artículo 109 ROF).

Lo anterior, en cuanto a los requisitos de las resoluciones que se dicten en los expedientes de concesión de licencias urbanísticas. Pero otra cosa es su constancia, en ese sentido, pueden aparecer como certificados expedidos por el Secretario del Ayuntamiento (204 ROF) con el visto bueno del Alcalde (205 ROF) (cabe delegar esa firma). Dichos documentos pueden ir referidos a las resoluciones del órgano unipersonal o a las que aparecen en los Libros de Resoluciones en que deberán constar (200 ROF). En el caso de los acuerdos de la Junta de Gobierno, como figuran en actas, pueden certificarse antes de que hayan sido éstas aprobadas, en cuyo caso el artículo 206 ROF, obliga a una mención especial.

En cuanto a las notificaciones deben ir firmadas por el Secretario, pero sin visto bueno (192 ROF). Su característica es que deben haber pasado por el Registro de Salidas de la Entidad (151-162 y 193 ROF), causando el correspondiente asiento, del que también certificará el Secretario si así se solicita (162 ROF). Les resulta aplicable el régimen general del 58 ROF.

El artículo 9. 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1955 RSCL, establece que los documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles transmisiones serán expedidos por el Secretario de la Corporación.

2.2.2. eficacia.

El Artículo 56 LRJPAC: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

El Artículo 57 LRJPAC, al regular los efectos de los actos administrativos:

1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

A lo que añade el artículo 208 ROF:

1. Los actos de las Entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación y publicación, o cuando una Ley exija su aprobación por otra Administración Pública.

Por otra parte y desde la perspectiva de su eficacia, existen importantes diferencias derivadas de la forma en que se remita al interesado el acuerdo de concesión o denegación de licencia, siendo aplicable a los certificados el régimen de los efectos de las notificaciones defectuosas previsto en el artículo 58.3º LRJPAC: Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución.”

2.2.2.1. LA EFICACIA NEGATIVA EN GENERAL. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA:

2.2.2.1.1.           actos contra licencia o sin licencia.

2.2.2.1.1.1.               disciplina

2.2.2.1.1.2.               restablecimiento de la legalidad.

2.2.2.1.1.3.               medidas de aseguramiento.

2.2.2.2. EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD:

2.2.2.2.1.           REGULACIÓN LEGAL:

2.2.2.2.1.1.               Los artículos 226 y ss de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.

2.2.2.2.1.2.               El Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y la Disposición Final de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia.

2.2.2.2.1.3.               art. 184 LS/76: obras SIN O CONTRA LICENCIA en curso de ejecución.

2.2.2.2.1.4.               art. 185 LS/76: obras SIN O CONTRA LICENCIA terminadas.

2.2.2.2.1.5.               art. 186 LS/76: obras CON LICENCIA ILEGAL en curso de ejecución.

2.2.2.2.1.6.               art. 187 LS/76: obras CON LICENCIA ILEGAL terminadas.

2.2.2.3. LA DISCIPLINA URBANÍSTICA.

2.2.2.3.1.           el procedimiento.

2.2.2.3.2.           el derecho material sancionador.

2.2.2.3.3.           principios básicos y Derecho Administrativo.

2.2.2.3.4.           los sujetos.

2.2.2.3.5.           las formas. ESPECIALIDADES: el artículo 108 LRBL.

2.2.2.4. LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO.

2.2.2.5. EFICACIA Frente al solicitante. La reiteración de solicitud y los actos reproducción de otros firmes.

2.2.2.6. EFICACIA frente a la administración:

2.2.2.6.1. revocación de licencias.

Cuando se trata de licencias en las que NO concurre ninguna causa de nulidad o anulabilidad. El 16RSCL establece dos supuestos. La referencia a los nuevos criterios hay que ligarla a los cambios de planeamiento. Las licencias anteriores a la revocación subsisten, pero pueden ser revocadas (STS 24-3-92, RJ 3383; 17-3-89, RJ 5524). Tiene matiz expropiatorio (LEF Art.1).

El artículo 42 LS/98 lo contempla:

1. Si en el momento de entrada en vigor de la modificación o revisión del planeamiento se hubiera obtenido la licencia de construcción, pero aún no se hubiera iniciado la edificación, se declarará extinguida, con audiencia del interesado, la eficacia de la licencia en cuanto sea disconforme con la nueva ordenación, debiendo fijarse la indemnización, en el mismo expediente, por la reducción del aprovechamiento resultante de las nuevas condiciones urbanísticas, así como por los perjuicios que justificadamente se acrediten de conformidad con la legislación general de expropiación forzosa.

2. Si la edificación ya se hubiera iniciado, la Administración podrá modificar o revocar la licencia, fijándose la indemnización de acuerdo con lo establecido en el número anterior.

Artículo 16 RSCL, vigente (STS 31-7-90, RJ: 6831): 1. Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas, y deberán ser revocadas cuando desaparecieran las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevinieran otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación y podrán serlo cuando se adoptaren nuevos criterios de apreciación.

2. Podrán ser anuladas las licencias y restituidas las cosas al ser y estado primitivo cuando resultaren otorgadas erróneamente.

3. La revocación fundada en la adopción, de nuevos criterios de apreciación y la anulación por la causa señalada en el párrafo anterior comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causaren.

2.2.2.6.2. revisión de licencias.

La jurisprudencia reconoce que el procedimiento para la anulación de licencias constitutivas de infracción, es el de los artículos 186, 187 y 188 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, TRLS/76.

Los supuestos, referidos a las infracciones urbanísticas GRAVES y MANIFIESTAS, distinguen si las obras están en curso de ejecución (186 TRLS/76) o si han finalizado (187), en cuyo caso se puede proceder a la revisión en el plazo de cuatro años.

La particularidad viene en el artículo 186.1º TRLS/76 que continúa vigente y que se completa con lo dispuesto en el artículo 127 LJ:

1. En los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquéllos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procederá conforme a lo dispuesto en este precepto.

2. En el plazo de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la Ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al órgano jurisdiccional, según proceda, acompañando en todo caso copia del citado acto de suspensión.

La Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, establece en su artículo 232. Revisión de actuaciones que constituyan infracción urbanística.

1. Cuando los actos de edificación o uso del suelo estuvieren amparados en licencia u orden de ejecución que de forma grave o muy grave infrinjan la normativa urbanística en vigor, en el momento de su concesión o adopción, se dispondrá su revisión por el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte. De igual manera se actuará frente a los planes urbanísticos o instrumentos de ejecución ilegales.

En supuestos de nulidad se procederá en los términos del artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previo dictamen favorable del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Se podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

En el supuesto de actos anulables se actuará de conformidad con el artículo 103 de la citada Ley, procediendo a su previa declaración de lesividad para los intereses públicos y a la suspensión, en su caso, de la ejecución de aquéllos.

PERO ADEMÁS, Artículo 302 (P[2]) del TRLS/92, establece: Las Entidades locales podrá revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de urbanismo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Parece pues que la Administración puede revisar de oficio, o a instancia de parte, sus actos en materia de urbanismo, no sólo en los casos de los artículos 186-187 TRLS/76, sino con carácter general, tanto si son nulos del 62.1 LRJPAC, por la vía del artículo 102 del mismo texto, como si son anulables del 63, por la vía del 103, de la declaración de lesividad. Así, el TS tiene afirmado que no sólo son revisables las licencias que conllevan una infracción urbanística grave: STS 26-5-98, RJ 4373.

Cabe además la anotación preventiva de la interposición del recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulación de licencias (artículo 307.6º y 7º TRLS/92).

Por último señalar que las anulaciones generan responsabilidad patrimonial para la Administración, que sólo se exime cuando en el perjudicado concurran dolo, culpa o negligencia grave.

2.2.2.6.3. caducidad

La figura va ligada a los plazos de ejecución de las obras y su cumplimiento.

El artículo 16.1 RSCL, establece con carácter general: Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas.

El artículo 35 TRLS/92 la recogía, aunque ha sido anulado por STC 61/97, por señalar que: El acto de otorgamiento de la licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras, de conformidad, en su caso, con la normativa aplicable.

No obstante el apartado 2º continúa vigente:

El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos fijados, mediante su declaración formal, en expediente tramitado con audiencia del interesado.

La Ley Murciana, señala en el artículo 216.3: 3. Los períodos de vigencia de las licencias deberán ser regulados por los correspondientes Ayuntamientos.

Los requisitos son :

  • La inexistencia de causa justificada (por ej.: fuerza mayor).
  • La previsión de caducidad.
  • Declaración formal en expediente dirigido a tal fin.

2.2.2.6.4. la corrección de errores

Artículo 105.2 LRJPAC: Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

El Artículo 106. Límites de la revisión.

Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

Uno de los aspectos más importantes de la corrección de errores, es que debe realizarla el mismo órgano que dictó la resolución. Asimismo debe notificarse a los interesados y reabre los plazos de impugnación. Por lo tanto, deberá revisarse especialmente la notificación que se realice de la corrección, al objeto de controlar la aplicación de la doctrina de las notificaciones defectuosas.

2.2.2.7. EFICACIA frente a terceros.

Hay que considerar lo siguiente:

10 RSCL: Los actos de las Corporaciones Locales por los que se intervenga la acción de los administrados producirán efectos entre la Corporación y el sujeto a cuya actividad se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas.

12 RSCL: 1. Las autorizaciones y licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero.

2. No podrán ser invocadas, para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en la que hubieren incurrido los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades.

Asimismo, la publicidad registral de la licencia a través de la inscripción de la declaración de Obra Nueva, en el instrumento técnico de la publicidad inmobiliaria: el Registro de la propiedad, dota a la licencia de efecto frente a terceros en virtud del Principio de inoponibilidad (32 LH) y de Legitimación registral de los artículos 38 y 1.3º LH.

2.2.2.7.1.1.               La acción pública de urbanismo.

Artículo 304 trls/92

1. Será pública la acción para exigir ante los Organos administrativos y los Tribunales Contencioso Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas.

2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.

El Artículo 212.2 de la Ley 1/2001, de 24 de Abril, del Suelo de la Región de Murcia establece que:

1. Los órganos de las Administraciones regional y municipal competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo tienen obligación legal de resolver todas las peticiones y solicitudes que se les dirijan conforme a la Ley.

2. Es pública la acción para exigir la observancia de esta Ley y de los instrumentos de planeamiento aprobados en su aplicación.

3. Si la acción a que se refiere el párrafo anterior estuviera motivada por la realización de obras, podrá ejercitarse durante el transcurso de éstas y hasta cuatro años después de su terminación.

La norma sólo amplía la legitimación pero sin alterar los demás requisitos procesales para su ejercicio.

Como selala la STS de 11-5-1998,  RJ 1998\3623, la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas es pública.

En cuanto a la pretensión, sólo es posible la de anulación del acto conforme al 31.1º LJ, pero no el reconocimiento de una situación jurídica individualizada del párrafo 2º.

2.2.2.7.1.1.1. plazos.

El problema consiste en determinar el díes a quo del plazo de impugnación una licencia, por quien sin haberla solicitado pretenda hacerlo al amparo de la legitimación del artículo 304 trls/92 (para exigir ante los Órganos administrativos y los Tribunales Contencioso Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas). Y ello porque el artículo 58 LRJPAC establece que se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses y según el artículo 31 LRJPAC, tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo de concesión de licencia, quienes lo promuevan y aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Es cierto que cualquier otra persona podría alegar un interés legítimo, pero solucionar el problema exigiría publicar las licencias, cosa que no ocurre más allá de la publicidad registral, en su caso, por la vía de inscripción de la declaración de obra nueva con licencia.

El tema se lo ha planteado recientemente el TSJCV en su Sentencia Núm. 874/2004, de 18 de noviembre de 2004, en los siguientes términos:

“Debiendo ser rechazado tal planteamiento de inadmisibilidad pues, por una parte los actores ejercitaron la acción pública al amparo del artículo 235 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, y por otra parte, al no existir notificación de la licencia decae por inconsistencia la invocación de extemporaneidad, sin que en el ejercicio de la acción pública sea aplicable la excepción del artículo 40,a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[3] a los interesados a los que no se ha notificado el acto (STS de 2 de diciembre de 1999).”

2.2.2.7.1.2. solicitud de revisión de oficio.

A través de la llamada acción de nulidad, que tiene un plazo de ejercicio superior al ordinario pero la limitación de que debe fundarse en una de las causas de nulidad del artículo 62.1 LRJPAC.

Así se desprende de la postura del TSJCV, en  Sentencia Nº 485, dictada en Rec. 2997/98, el 22-4-2002: “En este sentido conviene precisar que el principio general es el de la  impugnación de los actos administrativos a través de los recursos administrativos,  entendidos como actos de impugnación de un acto administrativo ante un órgano de  ese carácter, dando lugar a un procedimiento de revisión, frente a los procedimientos  de revisión de oficio, al que también fue pueden acceder e incluso ser instalados por el  interesado. La diferencia viene dada por el carácter extraordinario y especial de los  segundos, con cuyas normas deberán ser interpretadas con carácter restrictivo por  estar en juego el principio de seguridad jurídica …”.

2.2.2.7.1.3. las potestades de control de las Administraciones Regional y Estatal. Los artículos 65 y 66 LRBL.

2.2.3. validez.

Se aplican las normas generales del artículo 57.1 LRJPAC.

2.2.3.1. presunción de validez y calificación registral.

EL Artículo 57.1 LRJPAC: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

El Artículo 99 del Real   Decreto  de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario Rh, establece que La calificación registral de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a) la competencia del órgano, a) la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a) las formalidades extrínsecas del documento presentado, a) los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a) la relación de éste con el titular registral y a) los obstáculos que surjan del Registro.

El Artículo 48 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio que aprueba las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, señala que  Para la inscripción registral de los títulos por los que se declare la obra nueva, o su terminación, será necesario que la incorporación de documentos complementarios se sujete a las siguientes reglas: 1. En las escrituras de declaración de obra nueva habrá de testimoniarse literalmente la licencia concedida.

2. En caso de que la concesión de la licencia tenga lugar por acto presunto, se incorporarán a la escritura, en original o por testimonio:

a) La certificación administrativa del acto presunto.

b) En caso de que no se hubiere expedido esta última, el escrito de solicitud de la licencia y, en su caso, el de denuncia de la mora, el escrito de solicitud de la certificación del acto presunto, todos ellos sellados por la Administración actuante, y la manifestación expresa del declarante de que, en los plazos legalmente establecidos para la concesión de la licencia solicitada y para la expedición de la certificación del acto presunto, no se le ha comunicado por la Administración la correspondiente resolución denegatoria de la licencia solicitada ni tampoco se le ha expedido la certificación del acto presunto.

Artículo 52. Reglas aplicables a otras construcciones.

Podrán inscribirse por el Registrador de la Propiedad las declaraciones de obra nueva correspondientes a edificaciones terminadas en las que concurran los siguientes requisitos:

a) Que se pruebe por certificación del Catastro o del Ayuntamiento, por certificación técnica o por acta notarial, la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.

b) Que dicha fecha sea anterior al plazo previsto por la legislación aplicable para la prescripción de la infracción en que hubiera podido incurrir el edificante.

c) Que no conste del Registro la práctica de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística sobre la finca que haya sido objeto de edificación.

El artículo 9.3 del RSCL: Los documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles transmisiones serán expedidos por el Secretario de la Corporación

Artículo 192.2 del ROF Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los Presidentes de las Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o resoluciones, por el responsable de la Secretaría.

El artículo Artículo 205 del ROF: Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente de la Corporación y con su visto bueno, para significar que el Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica. Irán rubricadas al margen por el Jefe de la Unidad al que corresponda, llevarán el sello de la Corporación y se reintegrarán, en su caso, con arreglo a la respectiva Ordenanza de exacción, si existiere.

Artículo 154 del ROF En el Registro de Salida se anotarán todos los oficios, notificaciones, órdenes, comunicaciones, certificaciones, expedientes o resoluciones que emanen de las Corporaciones, autoridades o funcionarios locales.

2.3. La licencia como acto URBANÍSTICO. LA intervención en la actividad de sus administrados.

2.3.1. Naturaleza reglada de la licencia. Matices y significado.

La licencia es una autorización que remueve los obstáculos para el ejercicio de un derecho preexistente del sujeto.

La licencia es un acto reglado, lo que implica que ajustándose la obra proyectada al planeamiento en vigor y a las Ordenanzas, la concesión de la licencia es un acto debido. El Ayuntamiento, que dispuso de la necesaria descripción de las obras con expresión de todos los parámetros urbanísticos a tener en cuenta para su concesión, debió concederla o denegarla expresando el motivo concreto de la disconformidad entre lo proyectado y lo permitido, con objeto de garantizar la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad (STS 2-6-92, RJ 4810 y 2-2-98; 16-10-90; 25-5-91; 22-9-92; 14-4-93, citadas en la más reciente del STSJ Andalucía (Granada), de 27 de mayo de 2002; LA LEYJURIS 1213912/2002; Ponente Santandreu Montero. Recurso 186/1997; EL CONSULTOR Nº 6, de 30/03/03, Pág. 1206). En congruencia con lo anterior, el TS ha venido exigiendo que la disconformidad a derecho de las obras proyectadas, se manifieste con una cierta intensidad, para invertir el sentido del silencio. Así, STS 13-11-86.El artículo 178 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, Texto refundido de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, sujeta a licencia previa las obras de nueva planta, añadiendo en su párrafo segundo que dichas licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de esta Ley, de los Planes de Ordenación Urbana y Programas de Actuación Urbanística y, en su caso, de las Normas complementarias y subsidiarias del planeamiento.

Al respecto, LA TSJ Valencia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 22-7-2003, nº 1156/2003, rec. 1129/2001. Pte: Carles Vento, Mª de los Desamparados, HA ESTABLECIDO LA DOCTRINA CORRECTA:

“TERCERO.- Centrado así el núcleo de la cuestión litigiosa, ha de observarse que – efectivamente- el artículo 178.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 disponía que “…En ningún caso sé entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los Planes, Proyectos… “, norma que ha sido posteriormente reiterada en el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística. No obstante, ello plantea el que si el silencio administrativo tiene carácter positivo, tal silencio quedaría virtualmente anulado por la prescripción legal transcrita, si se interpreta la misma en el sentido de que el silencio administrativo positivo no opera en el caso de que el proyecto sometido a licencia sea contrario a la Ley o al planeamiento. Para mantener la eficacia del silencio, habría de desplazarse la previsión normativa transcrita al entendimiento de que el silencio positivo opera, pero el artículo 178.3 constituye una causa de nulidad específica que permitiría la revisión de oficio de la licencia.

En definitiva, la cuestión planteada es la de si el silencio administrativo existe o no en nuestro ordenamiento jurídico. Si se admite que el silencio administrativo opera -en el caso de las licencias urbanísticas en sentido positivo-, no puede al propio tiempo sustentarse que el referido silencio no va a tener lugar en el supuesto de que la solicitud sea disconforme a Derecho; tal interpretación conduce a la real inexistencia del silencio administrativo, puesto que si habrá silencio administrativo o no dependiendo de si lo pedido es o no conforme a Derecho, no puede el ciudadano hacer valer el silencio en ningún caso, pues siempre se mantendrá la incertidumbre de si la Administración juzga – pero calla- conforme o no a Derecho la solicitud.

El Ayuntamiento sólo puede imponer condiciones legales cuando tienen por objeto evitar la denegación, no puede establecer condiciones al otorgamiento de la licencia basadas en razones de oportunidad o conveniencia, no recogidas en los planes y demás normativa vigente en el término municipal, dado el carácter reglado de las potestades que ejercita para su concesión, que establece el artículo 178.2 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y reconoce la jurisprudencia de manera pacífica y uniforme que recogen las SSTS 4-10-93, RJ 7343; 11-2-92, RJ 2304; 21-2-81, RJ 1147; 13-12-83, RJ 6336, 24-01-1975; 28-01, 4-04, 24-10-1974; 8-11 y 21-11-1976, 24-02, 22-09, 16-10, 30-10 y 26-12-1989; 30-06-1991 (FJ, 2°) y 2-07-1991; 22-09-1992; 14-04-1993; 7-02 y 16-04-1994 o 8-11-1995; S. de 9-12-1998, Arz.: 1998\10097; S. de 27-11-1998, Arz.: 1998\9610; S. de 16-2-1999, Arz.: 1999\1476 (FJ, 2°); S. de 7-1-1999, Arz.: 1999\170 por citar algunas.

No obstante, El artículo 243.3 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana LS/92: Sin perjuicio del carácter reglado de las licencias urbanísticas, las Entidades locales podrán denegar, en ejercicio de su potestad de defensa y recuperación de los bienes públicos, el otorgamiento de tales licencias si los terrenos o bienes afectados por la obra, instalación o actuación pertenecen al dominio público.

2.3.2. caracteres de la licencia:

  • Declarativo. No lo expresó así el artículo 33.1 LS/92. “… determina la adquisición del derecho a edificar …”
  • Especificidad.: para un proyecto determinado.
  • Previo.
  • Real o personal. Según se considere que la adquisición de los aprovechamientos que fueren necesarios pueda constituir una condictio iuris. Venta de cosa futura ex artículo 1271 Cc y transmisibilidad de las licencias ex artículo 13 RSCL, en torno a su consideración de condiciones no personales del solicitante.
  • Reglado
  • No excluyente.

2.3.3. el sistema de plan.

El artículo 178.2 del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana LS/76 (supletorio): Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de esta Ley, de los Planes de ordenación urbana y Programas de Actuación Urbanística y en su caso, de las Normas Complementarías y Subsidiarias del Planeamiento.

El artículo 221de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia, establece que Todo acto de edificación y uso del suelo que conlleve su transformación está sujeto a licencia municipal.

2. Con carácter general, toda instalación u obra de construcción que se pretenda realizar en cualquier clase de suelo o subsuelo, sea de nueva planta, reforma, ampliación, acondicionamiento de locales para el desarrollo de cualquier actividad comercial o industrial o de cualquier otro tipo, precisará obtener, con carácter previo, la correspondiente licencia municipal, sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que fueran procedentes con arreglo a la legislación sectorial específica. También se exigirá para la demolición de edificaciones, salvo en los casos de ruina o peligro inminente. Se entenderá asimismo como construcciones las prefabricadas o instalaciones similares, provisionales o permanentes.

3. Expresamente, estarán sujetas a previa licencia municipal: …

El Artículo 5 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación LOE: La construcción de edificios, la realización de las obras que en ellos se ejecuten y su ocupación precisará las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes, de conformidad con la normativa aplicable.

2.3.4. consecuencias del carácter reglado de las licencias.

La resolución en la que se ordene la suspensión de las obras amparadas por licencia es nula en aplicación del artículo 62.1, e) LRJPAC al constituir un acto de revocación de la licencia previamente obtenida y dictarse prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la revocación de licencias y por su ausencia de motivación legítima.

La solicitud de nueva documentación en un procedimiento para la concesión de licencia de edificación finalizado, es igualmente nula por el mismo motivo y una actuación material constitutiva de vía de hecho.

La inactividad de la Administración municipal, consistente en la no emisión en el plazo legalmente establecido de 15 días, de certificado de silencio respecto de la solicitud de licencia o su negativa tácita, es anulable por el carácter reglado de la licencia y porque constituye una desviación de poder utilizar la potestad de intervención urbanística para impedir el ejercicio legítimo de una facultad dominical, basándose en una razón de oportunidad no contemplada en la norma aplicable.

la parte de la obra extralimitada respecto a la primera licencia o disconforme con ella, podrá ser objeto de legalización si es conforme con la ordenación urbanística y así lo ha reconocido la STS 26/05/93, RJ: 3513, habiendo pues, de requerirse la licencia. En ese sentido la STS 27-03-1996, RJ: 2219.

En definitiva, no cabe denegarlas ni revocarlas sin motivos de nuevo planeamiento ni sin indemnización. No cabe denegar una licencia ya concedida, siendo precisa su revisión si contradice el ordenamiento urbanístico (STS 22-2-00, RJ 3639).

2.3.4.1. simultaneidad en la solicitud de diferentes licencias sobre un mismo solar.

2.3.4.2. silencio positivo.

2.3.4.3. los delitos sobre la ordenación del territorio. Artículos 319 y ss. CP.

2.3.5. Actos sujetos a licencia. Actos no sujetos a licencia.

El Artículo 242.1 LS/92: Todo acto de edificación requerirá la preceptiva licencia municipal. 2. Estarán sujetos igualmente a previa licencia los actos de uso del suelo y el subsuelo, tales como las parcelaciones urbanas, los movimientos de tierra, las obras de nueva planta, modificación de estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, la primera utilización de los edificios y la modificación del uso de los mismos, la demolición de construcciones, la colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública y los demás actos que señalaren los Planes. Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaren por particulares en terrenos de dominio público, se exigirá también licencia, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular del dominio público.

2.3.6. licencia de actividad. El uso del suelo.

2.4. La licencia y la patrimonialización de la edificación.

2.4.1. la declaración de obra nueva

2.4.2. licencia y declaración de obra nueva.

2.4.3. independencia de la declaración de Obra Nueva.

3. el procedimiento de concesión de licencia.

3.1. regulación legal: 9 RSCL; 217 TRLSRM; 4 RDU.

3.2. iniciación.

3.2.1. solicitud.

3.2.1.1. elementos subjetivos.

Solicitud de parte: 30, 32 y 70 LRJPAC que ha de presentarse, como no podría ser menos, en el Registro General de la Entidad: artículo 91.11 RSCL.

3.2.1.2. requisitos de la actividad.

3.2.1.2.1.           contenido: la solicitud y el Proyecto de obras.

En primer lugar, la solicitud, a la que se acompaña el Proyecto como documentación complementaria, deberá contener los requisitos de cualquier solicitud ante la Administración, ex artículo 70 y 70 LRJPAC, aplicándose lo previsto en el artículo 71 citado respecto a la subsanación EN LA SOLICITUD.

Debe presentarse en el Registro de la Entidad como señala el artículo 9.1º RSCL

Dado el carácter reglado de la licencia no cabe exigir más datos que los precisos para efectuar un control de legalidad sobre la obra proyectada Así el artículo 4.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre: El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Artículo 4.1 de la LOE, lo define: El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto habrá de justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

3.2.1.2.1.1.               clases de obras y clases de proyectos

3.2.1.2.1.1.1. Proyecto básico

3.2.1.2.1.1.2. Proyecto de ejecución.

3.2.1.2.1.1.3. Proyecto de infraestructuras comunes de acceso a los servicios de telecomunicaciones. Artículo 8.1 del RD 279/1999.

3.2.1.2.1.1.4. Proyecto de protección contra Incendios.

3.2.1.2.1.1.5. Estudio de seguridad y Salud.

3.2.1.2.1.2.               requisitos formales

3.2.1.2.1.2.1. De las solicitudes: 32 y 70 de LRJPAC.

3.2.1.2.1.2.2. De los proyectos: redactor competente y visado del Colegio Profesional cuando este requisito sea exigible conforme a los estatutos.

3.2.1.2.2.           tiempo de la solicitud.

En el tiempo que el plan señale y en todo caso, previo al inicio de las obras y a la inscripción de la declaración de obra nueva en construcción.

3.2.1.2.3.           subsanación de deficiencias en la solicitud.

Hay que distinguir las deficiencias en la solicitud, que impiden que el Procedimiento llegue a iniciarse, mediante la aplicación del 71 LRJPAC, que conlleva el archivo, que ha de ser notificado dentro del plazo de silencio, de las deficiencias en la solicitud que ya se está tramitando y que, cuando sean subsanables darán lugar a la interrupción del plazo que ahora se explica y eventualmente a la DENEGACIÓN de la licencia, como requisito para evitar las consecuencias de la aplicación de la figura del silencio. La suspensión del plazo se computa como una prórroga con el límite máximo de 10 días.

A esta segunda subsanación se refieren los siguientes preceptos: El artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero LRJPAC, ha de interpretarse en relación con el artículo 9.6 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1955 establece que el cómputo de estos plazos quedará suspendido durante los quince días que señala el número 4º, contados a partir de la notificación de la deficiencia.

9.1.7º, rel. 4º RSCL: “Si existiesen deficiencias subsanables se notificarán al interesado antes de que expirar el plazo a que se refiere el número 5º … si transcurrieran los plazos señalados … con la prórroga del periodo de subsanación de deficiencias”, tal y como se recoge en la STS 20-12-1995, RJ 9110: “la suspensión de dichos plazos durante quince días, para que dentro de ellos puedan subsanarse deficiencias subsanables, exige para su efectividad que éstas se notifiquen al interesado antes de expiar el plazo correspondiente y su cómputo empieza a partir de la notificación de las deficiencias”.

El requerimiento de subsanación produce la interrupción del plazo máximo de concesión de licencia, por un periodo de 10 ó 15 días. En el cómputo final del plazo máximo para resolver, dicho periodo se aplica como prórroga de aquél, conforme al art. 9.1.7º RSCL. Así las SSTS 10-3-1992, RJ 3256; 20-7-1990, RJ 6581, que en materia del cómputo recogen dicho criterio.

La STS 27-2-1989, RJ 1706, reconoce, en cuanto al periodo de subsanación que se trata de “un plazo de caducidad y no de prescripción, y en conformidad además con su propia finalidad de proteger a los administrados contra la inacción administrativa, no puede admitirse su interrupción por la Administración mediante reclamación sin más de documentación que se estime necesaria si no se acuerda y funda ello en resolución motivada que otorgue consistencia a tal actuación, para precaver con ello el riesgo de poner en manos de la Administración, mediante ese arbitrio, la eficacia del plazo normativamente establecido.”

Es evidente que de interpretarse como dice el Ayuntamiento queda a su arbitrio la duración del plazo máximo para resolver, en tanto no considere subsanado su requerimiento, máxime porque no considera subsanado su requerimiento, PERO LO DICE CINCO MESES DESPUÉS, con lo que la Administración JUZGA PERO CALLA, actitud ésta que proscribe el principio  de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española, como señala la STSJ de la Comunidad Valenciana, de 02/02/2001.

3.3. tramitación.

3.3.1. trámites.

La Ley Autonómica resulta aplicable al procedimiento de obtención de licencia urbanística por efecto de la STC 61/1997. sin embargo, la mayoría de legislaciones Autonómicas no contienen normas de procedimiento más allá del plazo para la tramitación, que incluye como veremos el de recibo de la notificación y opera como límite para la puesta en marcha de los efectos del silencio.

En concreto, el Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, establece en su artículo 217, las reglas sobre competencia y procedimiento para la concesión de licencia.

1. La competencia para otorgar las licencias corresponderá a los órganos competentes de la Administración Local, de acuerdo con su legislación aplicable.

2. Toda denegación de licencia deberá ser motivada con explícita referencia a la norma o planeamiento con los que la solicitud esté en contradicción.

3. El otorgamiento de las licencias se ajustará a los siguientes requisitos:

Para el caso de las obras mayores, dicho otorgamiento irá precedido de los correspondientes informes técnicos y jurídicos, sobre la conformidad de la solicitud a la legalidad urbanística. La solicitud deberá acompañarse de proyecto suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, cuando así lo exijan sus Estatutos, con expresión del técnico director de la obra.

Para el supuesto de las obras menores, la solicitud deberá expresar el alcance de las mismas y acompañarse del correspondiente presupuesto de ejecución material.

4. El plazo máximo para resolver sobre el otorgamiento de licencia para obras menores será de un mes desde su solicitud ante el Ayuntamiento y para las restantes será de tres meses. Transcurridos dichos plazos sin haberse notificado acto alguno, se entenderán otorgadas las licencias por silencio administrativo, salvo si afectaran a bienes de dominio público o declarados de interés cultural (BIC), así como a los espacios naturales protegidos por la legislación sectorial correspondiente, en cuyo caso se entenderán denegadas.

En los supuestos en que se precise autorización de otra Administración, previa a la licencia municipal, el cómputo del plazo para el otorgamiento de licencia se suspenderá hasta la acreditación ante el Ayuntamiento de la resolución que ponga fin al expediente tramitado por dicha Administración.

5. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la legislación o del planeamiento urbanístico.

Como excepción al penúltimo párrafo,

Artículo 218. Resolución única.

1. En los supuestos en que sea preceptiva licencia de actividad y, además, licencia urbanística, serán objeto de una sola resolución sin perjuicio de la formación y tramitación simultánea de piezas separadas para cada intervención administrativa. El plazo máximo para dictar la resolución única de estos expedientes será de seis meses, a los efectos del apartado 4 del artículo anterior.

2. La resolución de la licencia de actividad tendrá prioridad sobre la correspondiente a la licencia urbanística. Si procediera denegar la primera, se notificará así al interesado y se entenderá asimismo denegada la segunda.

En la Comunidad Valenciana, la Disposición Adicional Cuarta, siguiendo dicho esquema, trata del Plazo para el otorgamiento de licencias.-1. Las licencias urbanísticas otorgarán el derecho a edificar o realizar actuaciones urbanísticas y se resolverán en los plazos siguientes:

A) Las de parcelación o el certificado de su innecesariedad, las de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de primera ocupación o habitabilidad de las construcciones -que se otorgarán, en su caso, mediante la misma autorización- en el plazo de un mes.

B) Las licencias que comporten obras mayores de nueva construcción o reforma estructural de entidad equivalente a una nueva construcción o las de derribo (respecto a edificios no catalogados), habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de dos meses.

C) Las de intervención -que serán cualesquiera que afecten a edificio catalogado o en trámite de catalogación-, en el de tres meses.

Las licencias para cualquier tipo de obras que, por disposición legal o reglamentaria, hayan de otorgarse junto a la correspondiente licencia de actividad, se someterán, con preferencia respecto a las reglas anteriores, al régimen procedimental específico de la licencia de actividad.

2. El Ayuntamiento podrá otorgar licencias parciales que autoricen la realización de fases concretas del proyecto, a reserva de la subsanación o suplemento de éste en aspectos menores y complementarios pendientes de autorización administrativa.

3. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo, facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general, en términos contrarios, opuestos o disconformes con las previsiones de la ordenación urbanística. La solicitud de licencia urbanística que no sea resuelta por el Ayuntamiento dentro de los plazos legales, sin perjuicio de las prórrogas que sean procedentes, se entenderá estimada, salvo que su contenido sea constitutivo de contravención grave y manifiesta de la ordenación urbanística, en cuyo caso se entenderá desestimada.

Quien haya solicitado en forma la preceptiva licencia y no obtenga resolución expresa dentro de los plazos legales, quedará legitimado, mientras la Administración no le ordene lo contrario, para iniciar las obras o realizar las actuaciones correspondientes -salvo la intervención en construcciones catalogadas- siempre que éstas se ajusten a la ordenación urbanística y se desarrollen cumpliendo los demás deberes y condiciones que la ley y los Planes exijan para su realización.

4. El procedimiento para la concesión de licencia sólo se entenderá iniciado cuando la petición vaya acompañada de proyecto técnico y de los demás documentos indispensables para dotar de contenido la resolución. Las deficiencias documentales menores, notificadas al interesado, suspenderán el trascurso de los plazos para otorgar la licencia.

El artículo 243.1 LS/92: La competencia para otorgar las licencias corresponderá a las Entidades locales, de acuerdo con su legislación aplicable.

El 178.3º LS/76: El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo prevenido en la Legislación de Régimen Local. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de los Planes, Proyectos, Programas y, en su caso, de las normas Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento.

El Real Decreto 2187/1978, de 23 de Junio Reglamento de Disciplina Urbanística para el Desarrollo y Aplicación de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana RDU, establece en su Artículo 4.1: El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo establecido en la legislación de Régimen Local.

4.2.- En todo expediente de concesión de licencia constará informe técnico y jurídico, cuando la Entidad otorgante cuente con los servicios correspondientes o le sea posible contar con los de la Entidad comarcal o metropolitana en que esté integrada. Si la Diputación Provincial tuviese establecido servicio de asistencia urbanística a los Municipios, podrá solicitar el Ayuntamiento informe del mismo, si no contase con servicios técnicos o jurídicos propios.

El artículo 9. 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de Junio de 1955 RSCL, establece que Las solicitudes de licencias se resolverán con arreglo al siguiente procedimiento, cuando no exista otro especialmente ordenado por disposición de superior o igual jerarquía.

1º Se presentarán en el Registro General de la Corporación, y si se refirieren a ejecución de obras o instalaciones, deberá acompañarse proyecto técnico con ejemplares para cada uno de los Organismos que hubieren de informar la petición.

2º En el plazo de los cinco días siguientes a la fecha del registro se remitirán los duplicados a cada uno de los aludidos Organismos.

3º Los informes de éstos deberán remitirse a la Corporación diez días antes, al menos, de la fecha en que terminen los plazos indicados en el número quinto, transcurridos los cuales se entenderán informadas favorablemente las solicitudes.

4º Si resultaren deficiencias subsanables se notificarán al peticionario antes de expirar el plazo a que se refiere el número 5º para que dentro de los quince días pueda subsanarlas.

5º Las licencias para el ejercicio de actividades personales, parcelaciones en sectores para los que exista aprobado Plan de urbanismo, obras e instalaciones industriales menores y apertura de pequeños establecimientos habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de un mes, y las de nueva construcción o reforma de edificios e industrias, apertura de mataderos, mercados particulares y, en general, grandes establecimientos, en el de dos, a contar de la fecha en que la solicitud hubiere ingresado en el Registro General.

6º El cómputo de estos plazos quedará suspendido durante los quince días que señala el número 4º, contados a partir de la notificación de la deficiencia.

7º Si transcurrieran los plazos señalados en el número 5º, con la prórroga del período de subsanación de deficiencias, en su caso, sin que se hubiere notificado resolución expresa:

a) El peticionario de licencia de parcelación, en el supuesto expresado, construcción de inmuebles o modificación de la estructura de los mismos, implantación de nuevas industrias o reformas mayores de las existentes, podrán acudir a la Comisión Provincial de Urbanismo, donde existiere constituida, o, en su defecto, a la Comisión Provincial de Servicios Técnicos  y si en el plazo de un mes no se notificare al interesado acuerdo expreso, quedará otorgada la licencia por silencio administrativo.

b) Si la licencia solicitada se refiere a actividades en la via pública o en bienes de dominio público o patrimoniales, se entenderá denegada por silencio administrativo, y

c) Si la licencia instada se refiere a obras o instalaciones menores, apertura de toda clase de establecimientos y, en general, a cualquier otro objeto no comprendido en los dos apartados precedentes, se entenderá otorgada por silencio administrativo.

2. Las Corporaciones locales podrán reducir en cuanto a ellas afecte los plazos señalados en el párrafo anterior.

3. Los documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles transmisiones serán expedidos por el Secretario de la Corporación.

3.3.1.1. Los informes.

El artículo 4.2 del RDU: En todo expediente de concesión de licencia constará informe técnico y jurídico, cuando la Entidad otorgante cuente con los servicios correspondientes o le sea posible contar con los de la Entidad comarcal o metropolitana en que esté integrada. Si la Diputación Provincial tuviese establecido servicio de asistencia urbanística a los Municipios, podrá solicitar el Ayuntamiento informe del mismo, si no contase con servicios técnicos o jurídicos propios.

172.2 del ROF: Los informes administrativos, jurídicos o técnicos y los dictámenes de las Juntas y Comisiones se redactarán con sujeción a las disposiciones especiales que les sean aplicables y se ceñirán a las cuestiones señaladas en el decreto o acuerdo que los haya motivado.

El 173.2: aunque se refiere a los informes del Secretario y del Interventor , señala una regla que resulta orientativa del contenido natural de un informe: Los informes que se emitan deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los acuerdos en proyecto.

Por último, señalar que el régimen de los informes a que estamos haciendo referencia, constituye una aplicación de lo dispuesto en los artículos 47 rel. 83.1 y 2 LRJPAC que contienen una regla general de los informes: Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3.3.1.2. requisitos subjetivos.

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de  Ordenación de la Edificación es clara en su artículo 10.2, que establece: Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2 (incluye el residencial en todas sus formas), la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, con lo que no puede admitirse que su trabajo como proyectista pueda ser evaluado por un topógrafo, máxime existiendo en el Ayuntamiento un Arquitecto superior.

No puede admitirse que la determinación de si los planos del proyecto son adecuados al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación pueda hacerse por topógrafo, cuando le propia Ley exige el título de Arquitecto para dibujarlos y si es o no el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2 o se justifican técnicamente de forma correcta las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

El artículo 30.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local TRRL, establece para los casos en que no cuente la Administtración con el Técnico necesario lo siguiente: La Diputación cooperará a la efectividad de los servicios municipales, preferentemente de los obligatorios …Los servicios a que debe alcanzar la cooperación serán, en todo caso, los relacionados como mínimos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Las formas de cooperación serán: la asistencia administrativa en el ejercicio de las funciones públicas necesarias o el asesoramiento jurídico, económico y técnico.

3.3.1.3. requisitos de la actividad.

Teniendo en cuenta la naturaleza de fiscalización preventiva que supone la licencia, respecto a la actuación que va a desarrollar el particular, debería existir un informe técnico sobre el proyecto presentado, comprobando si el ejercicio de la facultad dominical está ajustado a las disposiciones que protegen el interés público, como ha interpretado el TS, entre otras en las SS 21-4-77, RJ 2643; 20-5-77, RJ 3221.

3.3.2. la subsanación de deficiencias menores. El artículo 9.4º RSCL.

3.4. terminación.

3.4.1. expresa.

Mediante una resolución de concesión o denegación de la licencia. En este último caso, deberá motivarse la denegación en el incumplimiento de normas concretas para evitar la indefensión del solicitante y como consecuencia del carácter reglado de las licencias.

3.4.2. tácita. El silencio en materia de licencias. Remisión a otro lugar.

La estimación por silencio, tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizado del procedimiento (43.3 LRJPAC), hasta el punto de que la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo (43.4, LRJPAC). Esto veda igualmente cualquier actuación de la Administración contraria al sentido del silencio.

4. el silencio administrativo en el procedimiento de concesión de licencias.

4.1. requisitos:

4.1.1. iniciación.

La iniciación es el hito fundamental del procedimiento, pues a partir de ella se puede aplicar el sentido del silencio. El límite lo constituyen los artículos 70.1 y 71 de la LRJPAC, pero una vez que las deficiencias sean, como dice el RSCL subsanables, o como selala la LRAU Valenciana deficiencias documentales menores, se aplicaría el régimen del RSCL, al entenderse que el procedimiento se ha iniciado y que estamos ante la interrupción de un plazo que opera como prórroga al de silencio, con un caracter inexorable.

Artículo 70. Solicitudes de iniciación.

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:

a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.

c) Lugar y fecha.

d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud.

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

La Disposición Adicional Cuarta.4º de la LRAU Valenciana establece al respecto: 4. El procedimiento para la concesión de licencia sólo se entenderá iniciado cuando la petición vaya acompañada de proyecto técnico y de los demás documentos indispensables para dotar de contenido la resolución. Las deficiencias documentales menores, notificadas al interesado, suspenderán el trascurso de los plazos para otorgar la licencia.

El artículo 217.3º de la Ley 1/2001, de 24 de Abril, del Suelo de la Región de Murcia establece que La solicitud deberá acompañarse de proyecto suscrito por técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, cuando así lo exijan sus Estatutos, con expresión del técnico director de la obra.

El Artículo 9 RSCL: Las solicitudes de licencias se presentarán en el Registro General de la Corporación, y si se refirieren a ejecución de obras o instalaciones, deberá acompañarse proyecto técnico con ejemplares para cada uno de los Organismos que hubieren de informar la petición.

4º Si resultaren deficiencias subsanables se notificarán al peticionario antes de expirar el plazo a que se refiere el número 5º para que dentro de los quince días pueda subsanarlas.

Se presentó en el Registro de la Entidad conforme al artículo 9.1, 1º RSCL, solicitud acompañada de Proyecto Básico, suscrito por Arquitecto y visado por el Colegio profesional correspondiente. De contenido suficiente para dotar de contenido la resolución, conforme a D. A. de la LRAU, al artículo 4 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y al artículo 1.4.3 del R.D. 2512/1977, así como a una jurisprudencia consolidada de la que son ejemplo las SSTS 25-1-88, RJ 423; 9-7-86, RJ 5045; 9-3-85, RJ 1498.

Asimismo, con fecha 26 de agosto de 2002, se aportó, antes del inicio de las obras un complemento al Proyecto de ejecución que obra en el Ayuntamiento desde la solicitud de licencia inicial, con Estudio de Seguridad y Salud

4.1.2. plazos.

artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reformada por Ley 4/1999, de 13 de enero  LRJPAC, establece que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

En todo caso, las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre Reguladora de la Actividad urbanística en la Comunidad Valenciana  LRAU, establece que las licencias que comporten obras mayores habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de dos meses. La solicitud de licencia urbanística que no sea resuelta por el Ayuntamiento dentro de los plazos legales, sin perjuicio de las prórrogas que sean procedentes, se entenderá estimada, salvo que su contenido sea constitutivo de contravención grave y manifiesta de la ordenación urbanística, en cuyo caso se entenderá desestimada. Quien haya solicitado en forma la preceptiva licencia y no obtenga resolución expresa dentro de los plazos legales, quedará legitimado, mientras la Administración no le ordene lo contrario, para iniciar las obras o realizar las actuaciones correspondientes -salvo la intervención en construcciones catalogadas- siempre que éstas se ajusten a la ordenación urbanística y se desarrollen cumpliendo los demás deberes y condiciones que la ley y los Planes exijan para su realización. El procedimiento para la concesión de licencia sólo se entenderá iniciado cuando la petición vaya acompañada de proyecto técnico y de los demás documentos indispensables para dotar de contenido la resolución. Las deficiencias documentales menores, notificadas al interesado, suspenderán el trascurso de los plazos para otorgar la licencia.

El anterior régimen se completa con lo dispuesto en los artículos 9 del Reglamento de servicios de las corporaciones locales RSCL, que en su párrafo 4º señala que si resultaren deficiencias subsanables se notificarán al peticionario antes de expirar el plazo a que se refiere el número 5º, para que dentro de los quince días pueda subsanarlas.

Y en el artículo 42. 5 LRJPAC: El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley.

Interpretados dichos preceptos en el sentido que señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 20-12-1995. Recurso núm. 5228/1991, (RJ 1995\9110)., Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, ponente:  J. BARRIO IGLESIAS., que en su Fº. Jº. quinto establece: “Igualmente ha de darse una solución afirmativa al tercero de los problemas de referencia, puesto que del artículo 9.º.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales se desprende con toda claridad, por una parte, que el cómputo de los plazos en que la Administración debe decidir acerca del otorgamiento de las licencias se inicia a partir de la fecha en que la correspondiente solicitud hubiere ingresado en el Registro General, conforme a su número 5.º, por otra, tal como se desprende de sus números 4.º y 6.º, que la suspensión de dichos plazos durante quince días, para que dentro de ellos puedan subsanarse deficiencias subsanables, exige para su efectividad que éstas se notifiquen al interesado antes de expiar el plazo correspondiente y su cómputo empieza a partir de la notificación de las deficiencias,”

4.1.3. requisitos materiales.

La STS 27-2-1989, RJ 1706 citada, añade algo que referido al supuesto de la sentencia resulta aquí igualmente aplicable: “… la aprobación definitiva por silencio positivo no puede adquirir validez alguna cuando el proyecto no se ajuste a la normativa que debe regirlo, como ha puntualizado también la jurisprudencia. Por tanto la cuestión se reconduce a determinar si el proyecto infringe el ordenamiento para poder decidir, a la vista de ello, si efectivamente hay que estimarlo, puesto que había transcurrido el plazo legal marcado para ello, aprobado definitivamente por silencio positivo.”

El Proyecto técnico presentado, define totalmente las obras del edificio tal y como ha de quedar tras su terminación y es completo, como lo es el de ejecución obrante en el Ayuntamiento con la modificación aportada el 26 de agosto de 2002 y  justifica el cumplimiento de la normativa aplicable, incluidas las normas de planeamiento y Ordenanzas del Ayuntamiento de Altea. Refleja por lo tanto unas obras legales desde el punto de vista de la ordenación urbanística.

No existe en todo el expediente un informe técnico ni jurídico que afirme la ilegalidad de las obras proyectadas, incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 4.2 RDU (R. D. 2187/1978, de 23 de junio), 172 del ROF (R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre) y 47 en rel. al 83.2 LRJPAC. El Ayuntamiento no ha señalado que norma incumple el Proyecto presentado que implique su denegación y que en este momento permita afirmar que no se ha adquirido por silencio la licencia solicitada. Teniendo en cuenta la naturaleza de fiscalización preventiva que supone la licencia, respecto a la actuación que va a desarrollar el particular, debería existir, al menos un informe técnico sobre el proyecto presentado, comprobando si el ejercicio de la facultad dominical está ajustado a las disposiciones que protegen el interés público, como ha interpretado reiteradamente el TS, entre otras en las SS 21-4-77, RJ 2643; 20-5-77, RJ 3221.

Ante la carencia de resolución expresa y de argumentos contra el Proyecto presentado, se solicitó y fue emitido con fecha 12 de marzo de 2003, informe por el Departamento de Información y Asesoramiento urbanístico y Técnico del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, (cuya copia se adjunta como DOCUMENTO Nº 11) sobre cumplimiento de normativa urbanística del Proyecto técnico presentado en el Ayuntamiento. En él se analiza la documentación técnica presentada el 2 de mayo de 2002, así como la documentación subsanatoria aportada el 28 de junio de 2002 tras el primer requerimiento de la Administración, para compararla con el planeamiento de aplicación al proyecto y se afirma lo siguiente: “Contrastado el proyecto con la Normativa Urbanística de referencia, no contiene infracción grave y manifiesta de normas relativas a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen y situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las parcelas, según el artículo 46 del Reglamento de Disciplina Urbanística”.

4.1.4. las licencias de actividad. Denuncia de mora.

4.2. el sentido del silencio: Principio de legalidad v/s principio de seguridad jurídica.

La Doctrina legal incumplida es la fijada por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 28 de enero de 2009, dictada en interés de la ley (Id Cendoj: 28079130052009100034. Publicación del fallo: BOE núm. 77 del día 30 de marzo de 2009.), es la siguiente:

doctrina legal que el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley de suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística.

La ordenación territorial o urbanística constituye la normativa de aplicación general para los ciudadanos del correspondiente ámbito territorial. Para que se trate de norma, es necesario que se cumpla el requisito de su publicación, conforme a los artículos:

Artículo 9.3 CE: 3. La Constitución garantiza la publicidad de las normas.

Artículo 60.1 LRJPAC dice: Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

Artículo 70.2º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Los acuerdos que adopten las corporaciones locales se publican o notifican en la forma prevista por la Ley. Las ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarán en el “Boletín Oficial” de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Las Administraciones públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planeamiento vigente en su ámbito territorial.

Artículo 11.1º, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo: Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes.

Artículo 131, del Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio: Los Planes, Normas Complementarias y Subsidiarias, Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle, Proyectos y Catálogos serán inmediatamente ejecutivos una vez publicada su aprobación definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124.

El Artículo 164 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Decreto 2159/1978, de 23 de junio estableció:

1. La publicidad de los Planes, Normas Complementarias y Subsidiarias, Programas de Actuación Urbanística, Estudios de Detalle y Proyectos de Urbanización, con sus Normas, Ordenanzas y Catálogos, se referirán a la totalidad de los documentos que los constituyan.

2. No podrá impedirse la consulta de los documentos constitutivos de los instrumentos de planeamiento ni aun a pretexto de trabajos que sobre ellos se estén realizando. A tal efecto, los Ayuntamientos deberán disponer de un ejemplar completo de cada uno de los instrumentos de planeamiento destinado exclusivamente a la consulta por los administrados. A dicho ejemplar se deberá incorporar testimonio de los acuerdos de aprobación inicial, provisional y definitiva, debiéndose extender, en los documentos integrantes del correspondiente instrumento de planeamiento, diligencia acreditativa de su aprobación definitiva.

3. La consulta se realizará en los locales que señale el Ayuntamiento interesado. Las dependencias que a tal efecto se habiliten estarán abiertas cuatro horas diarias, al menos. El horario deberá coincidir con el de despacho al público del resto de las oficinas municipales.

4.3. su prueba. El problema de la prueba ante el Registro y el tipo de documentos que acceden a él. Los certificados administrativos.

4.4. su eficacia:

4.4.1. frente a la Administración

4.4.1.1. disciplina.

4.4.1.2. ejecución de las obras.

4.4.2. en la declaración de obra nueva. Problemas que plantea.


[1] La Ley 2/2004, de 24 de mayo, de Modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia en su disposición final primera autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, apruebe un texto refundido que se extienda a la regularización, aclaración y armonización de los textos legales citados y de la modificación introducida por la Ley 2/2002, de 10 de mayo. Dio lugar al Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. La materia de licencias en arts. 214 y ss.

[2] STC de 29-11-1988, RTC 1988\227 Legislación básica: contenido y alcance: determinación de los principios o normas que, por un lado, definen la estructura general del «iter» procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente las garantías generales de los particulares en el seno del procedimiento

[3] El actual Artículo 28 LJ:

No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.